Votar en Perú: ¿por qué todo parece terminar igual?
La ciudadanía peruana votó en medio de una negligencia logística que fue la consecuencia lógica de décadas de erosión institucional.
En Perú, una elección es una crisis anunciada. Lo que ocurrió en los últimos comicios fue grave y no, no fue un accidente.
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Hace un mes, el pasado 12 y 13 de abril, la ciudadanía peruana acudió a las urnas para elegir a la persona titular del Ejecutivo y a las y los legisladores del Congreso –ahora bicameral–, pero no lo hicieron en condiciones íntegras, sino en medio de una negligencia logística que dejó a miles de electores/as sin poder votar, con una papeleta de dimensiones risibles y una cadena de custodia de los votos completamente vulnerada.
Lo que ocurrió fue grave y no, no fue un accidente. Esta jornada fue la consecuencia lógica de décadas de erosión institucional, de un sistema de partidos que nunca ha terminado de consolidarse, un diseño constitucional que incentiva el conflicto por encima de la gobernabilidad, y de organismos electorales que llegaron a la jornada electoral sin recursos, sin planificación y sin integridad democrática.
Lo que falló en las últimas elecciones
Primero es necesario revisar la gravedad de los hechos ocurridos antes, durante y después de la jornada electoral:
En primer lugar, la jornada estuvo marcada por fallas en la distribución del material electoral, lo que provocó que numerosos centros de votación en Lima abrieran con hasta cinco horas de retraso respecto al horario establecido; algunos, incluso, no llegaron a operar ese domingo. Como consecuencia, alrededor de 60 mil electores no pudieron ejercer su derecho al voto en la fecha prevista por la ley. A ello se sumó la complejidad de la papeleta electoral –de aproximadamente 42 centímetros de ancho por 44 de largo– que, al incluir cinco columnas correspondientes a las elecciones simultáneas y permitir la selección de múltiples candidaturas mediante voto preferencial, dificultó aún más el proceso y contribuyó a que la logística colapsara.
Ante esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), contrariando a la Constitución que fija solamente un día para la jornada, tomó la decisión de ampliarla al día siguiente para garantizar el derecho al voto, pero hay que tener en cuenta que quienes votaron el lunes lo hicieron con el conteo ya iniciado, lo que pudo haber tenido una influencia considerable en el sentido de su voto. Luego de ello, aparecieron presuntas conversaciones entre el gerente de la empresa contratada para el transporte del material electoral y un funcionario del organismo, en las que se evidencia que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) conocía de antemano las dificultades logísticas que derivaron en los retrasos de la jornada.
Este precedente alimentó de inmediato la demanda del candidato ultraconservador Rafael López Aliaga, quien exigía elecciones complementarias antes del 3 de mayo. Sin embargo, la legislación peruana contempla esta modalidad solamente para procesos regionales.
A esto se suma que el JNE anunció que los resultados finales de las elecciones presidenciales se darán a conocer hasta mediados de mayo, es decir, aproximadamente un mes después de la jornada electoral. Según la propia autoridad, este retraso responde a que los Jurados Electorales Especiales (JEE) están tomando hasta tres días para resolver las actas impugnadas, las cuales son físicas y quedan fuera del conteo oficial de votos mientras se determina su validez.
Por si esto fuera poco, se registraron diversas irregularidades con la cadena de custodia. Estos son solo algunos ejemplos:
Se encontraron aproximadamente 1,200 cédulas de votación en un contenedor de basura en el distrito limeño de Surquillo. Según la ONPE, los votos habían sido trasladados por las autoridades correspondientes en un vehículo contratado por ésta y quedaron olvidadas en la cajuela por falta de espacio; cuando el equipo intentó recuperarlas, el conductor ya no respondió. El presidente del JNE, Roberto Burneo, contrarió esta versión, afirmando que las cuatro cajas no habían viajado acompañadas de un fiscalizador del JNE ni de un efectivo policial, como exige el protocolo, sino en vehículos particulares no registrados. También dijo que la JNE tenía 85 solicitudes de nulidad electoral generadas por irregularidades graves y que no descartaban adoptar medidas radicales si el proceso de revisión así lo requería.
En una inspección del JNE en almacenes de la ONPE en Lima y Callao se detectaron actas electorales y documentos oficiales mezclados con materiales que iban a ser desechados.
El camino a la inestabilidad: del siglo XX a la actualidad
Para quienes observan el proceso desde fuera, la tentación es interpretar todo esto como una acumulación de incompetencias que pueden corregirse, quizás, con mejor planificación, más presupuesto, modernización tecnológica o funcionarios más capaces, pero los problemas de estas elecciones solo son síntomas de algo mucho más grande.
La historia de Perú ha estado marcada por la presencia de oligarquías, populismos y un régimen militar que combinaba crecimiento económico con institucionalización de las clases populares a través de una reorganización de su relación con el Estado.1 Tras la transición democrática de 1980, el país no logró consolidar un sistema de partidos sólido y la fe en las instituciones se había desgastado por años de crisis económicas, violencia política y corrupción, que provocaron también una desarticulación y desmovilización de partidos y grupos sociales. Ello preparó el terreno para la irrupción de Alberto Fujimori en 1990, cuyo gobierno neoliberal y cívico-militar duró 10 años y se caracterizó por un desmantelamiento del Estado de derecho, crímenes de lesa humanidad y cooptación de los organismos electorales y judiciales.
El autogolpe de 1992, con el que disolvió el Congreso e intervino en el Poder Judicial, le permitió concentrar el poder, desmantelar los mecanismos independientes de supervisión y sustituir las instituciones por redes clientelares de lealtades personales. Lo anterior, aunado a la fragmentación partidista que venía aquejando a Perú desde décadas anteriores, permitió su reelección en 1995.
Este régimen colapsó en el año 2000 durante el escándalo de los videos que mostraban la compra sistemática de políticos, jueces y periodistas. La transición democrática posterior se hizo sobre una cultura política resquebrajada: gran parte de los presidentes elegidos desde la restauración democrática –Toledo, Humala, Kuczynski, Vizcarra– han sido acusados de corrupción, muchos de ellos vinculados al escándalo de Odebrecht. Esta ya es una historia conocida.
Inclusive, de las cuatro presidencias que ha tenido el Perú desde 2021, solo una fue elegida en las urnas: la de Pedro Castillo. Llegó al poder en 2021 tras una de las victorias electorales más ajustadas de la historia del país, procedente del magisterio rural y sin experiencia en el gobierno. Su mandato terminó cuando, acorralado por una inminente vacancia parlamentaria, intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto en 2022. Fue detenido en cuestión de horas y el Congreso aprobó su remoción el mismo día.
Este ciclo, con matices, se ha repetido cada cinco años durante casi una década, cuando surge un candidato que capitaliza el descontento, llega al poder sin respaldo parlamentario suficiente, choca con un Congreso adverso, y termina renunciando, removido o perseguido judicialmente.
Tensión entre Poderes
Uno de los cambios estructurales más significativos que introdujeron estas elecciones es el regreso de la figura del Senado al Congreso después de 34 años de unicameralidad. Esta reforma fue presentada a través de la Ley 31988, con el argumento de la necesidad de mejorar la calidad de las leyes y proporcionar un mayor equilibrio de poderes. El nuevo Congreso estará compuesto por un Senado de 60 miembros y una Cámara de Diputados de 130.
El Senado concentrará poderes estratégicos de nombramiento (como magistraturas, la contraloría general y la dirección del Banco Central) y no podrá ser disuelto por la presidencia, lo cual crea el riesgo de que concentre un poder capaz de bloquear cualquier iniciativa del Ejecutivo. Esto, a su vez, podría exacerbar el conflicto de la amenaza de disolución del Congreso y del uso indiscriminado de la “vacancia por incapacidad moral” por parte del Legislativo, que puede activarse tanto por una acusación penal como por un desacuerdo político.
Esta tensión se agrava porque el presidencialismo peruano carece de mecanismos eficaces para estabilizar y recomponer el orden ejecutivo cuando no cuenta con mayoría parlamentaria y queda expuesto a la vacancia. A ello se suma un Congreso que, en la práctica, ha estado constantemente atravesado por disputas en torno al avance o freno de reformas conforme a intereses partidistas. El resultado es una inestabilidad persistente que se ha traducido en que, en la última década, Perú haya atravesado ocho presidencias transitorias y rotativas, impidiendo la planificación sostenida de un proyecto nacional de largo plazo.
Lo anterior cobra más relevancia si tenemos en cuenta la forma en la que los partidos se reparten el Congreso: en el saliente, por ejemplo, Fuerza Popular –el partido de Keiko Fujimori, señalado en años recientes por casos de fraude electoral, financiamiento ilícito de campaña y lavado de dinero, además de ser clave en la inestabilidad del Congreso– era la principal fuerza con apenas 21 de 130 escaños. Hoy, con la mayoría de las actas ya contabilizadas, tenemos la certeza de que este partido ha sido el gran ganador en la mayoría de distritos y que Fujimori estará en la segunda vuelta; será, además, la tercera vez consecutiva que compite por la presidencia.
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Resultados preliminares
Con corte al 8 de mayo2, este es el panorama de los resultados generales para cada tipo de cargo:
Presidencia
En la contienda presidencial (98.9% de actas computadas) hay cinco candidaturas que concentran preferencias relativamente cercanas:
Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 17.1%
Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú): 12%
Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 11.9%
Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 10.9%
Ricardo Belmont (Obras): 10.14%
Senado
Para las y los senadores de distritos únicos (82.6% de actas computadas), la distribución del voto es similar:
Fuerza Popular: 14.6%
Juntos por el Perú: 11.9%
Renovación Popular: 11.4%
Partido del Buen Gobierno: 10.8%
Obras: 8.8%
En cambio, en los distritos múltiples (91.9% de actas computadas) se observan variaciones en la correlación de fuerzas:
Renovación Popular: 19.9%
Partido del Buen Gobierno: 16.4%
Fuerza Popular: 15.7%
Ahora Nación: 8.6%
Obras: 8.4%
Cámara de Diputados
En la asignación de los 26 distritos para la Cámara de Diputados (90.4% de actas computadas), la distribución es la siguiente:
Fuerza Popular: 13 distritos
Juntos por el Perú: 11 distritos
Renovación Popular: 1 distrito
Partido del Buen Gobierno: 1 distrito
Otros tipos de representación
Por su parte, en el voto de las y los peruanos en el extranjero (60.3% de actas computadas) predomina Renovación Popular, mientras que en el Parlamento Andino (86.6% de actas computadas) hay una mayoría para Fuerza Popular.
Conviene subrayar que más de tres millones de votos presidenciales fueron nulos o en blanco pese a ser un país en el que el voto es obligatorio. Este patrón se repitió en todos los cargos en disputa: en las elecciones parlamentarias, estas opciones sumaron cerca de nueve millones de votos, y en el Parlamento Andino alcanzaron los cinco millones. Esto es un indicio claro del descontento y apatía de las y los peruanos, que han demostrado su desconfianza en las elecciones al grado de posicionar al voto nulo o en blanco entre el primer y el tercer lugar en todas las contiendas. La realidad es que los motivos sobran: de acuerdo con información del Ministerio Público recopilada por la plataforma Revisa Tu Candidato –iniciativa de la sociedad civil–, 540 candidaturas de estas elecciones generales reportaron antecedentes penales.
Lo anterior también se explica por la gran cantidad de candidaturas y opciones electorales (tan solo para las elecciones presidenciales fueron 35 candidaturas) y, en general, un panorama de corrupción ligado al aumento de la presencia del crimen organizado y la inseguridad en el país. Mientras tanto, el Congreso ha aprobado leyes que reducen las capacidades de la fiscalía y el Poder Judicial para procesar e investigar casos de corrupción y crimen organizado.3 De esta manera, la percepción de que la ley es un instrumento maleable al servicio de los poderosos ha llevado a que el 30% de la población considere que da igual el tipo de régimen por el cual se rijan.4
Conclusiones
Una papeleta que confunde a los votantes, barreras de entrada lo suficientemente bajas como para que 35 candidaturas compitan por la presidencia y que 540 candidaturas con antecedentes penales puedan participar, organismos electorales que han perdido profesionalidad a falta de recursos y capacidades, una cadena de custodia de votos poco fiable y retrasos en la jornada electoral y en la publicación de resultados… Nada de esto es una casualidad ni un incidente, ni mucho menos una mera cuestión técnica o logística en la gestión electoral de Perú. La problemática principal es un sistema que ya no posee confianza ni legitimidad y que se encuentra inmovilizado.
La fragmentación política extrema que vimos en estas elecciones es corrosiva para la democracia y no, no es porque la diversidad sea un problema, sino porque sin partidos con cohesión mínima, sin programas sólidos que propongan un proyecto nacional sostenible y sin rendición de cuentas ante el electorado, el sistema produce presidencias sin mandato claro y congresos que no pretenden articular mayorías en beneficio de las y los peruanos. Perú lleva décadas enfrascado en esta crisis política –con distintos matices a través de los años– y el resultado es el ciclo que el país conoce de memoria.
La clase política peruana, en lugar de enfrentar el crecimiento sostenido del crimen organizado, el aumento de los homicidios, recorta sistemáticamente las capacidades estatales para combatir la corrupción. La combinación de estos factores produce una democracia que se debilita no solo por sus escándalos institucionales, sino también porque el Estado deliberadamente cede el control de partes del territorio y de la economía a un gobierno del crimen y la corrupción, replicando la vida política en su propia configuración social.
Ante los resultados que parecen indicar que serán Fujimori y Palomino los que acudirán a la segunda vuelta presidencial, vale la pena puntualizar un argumento evidente: cualquiera de los dos tendrá que ganar los votos de las fuerzas políticas perdedoras en la primera vuelta mediante la construcción de alianzas, negociaciones y estrategias discursivas que atraigan a los diversos tipos de votantes de los partidos periféricos. Esta disputa es una muestra palpable de la polarización del país, pues mientras Fujimori encarna el proyecto de ultraderecha que reivindica las atrocidades de su padre y el boicot legislativo de su propia bancada, Palomino representa la izquierda rural que promete un indulto a Castillo y enfrenta un proceso judicial por presuntas declaraciones falsas de aportes en campaña. Ninguno se salva.
El Perú debe prepararse para unos meses marcados por la incertidumbre política, social y jurídica. El país se encamina hacia una presidencia enfrentada a un Congreso bicameral fragmentado y a una población que ha dejado de esperar soluciones de sus políticos. Los resultados de estas elecciones podrían poner a Perú ante la disyuntiva de continuar el ciclo de debilitamiento institucional o iniciar, por fin, una transición hacia una democracia más estable y que cuestione, de una vez por todas, si la sociedad peruana tiene aún la energía y la cohesión necesarias para enderezar el rumbo mediante una transformación ciudadana profunda que exija una clase política digna de gobernar.
Gonzales, O. El Estado peruano durante el siglo XX. Aspectos teóricos y periodización. Anuario De Estudios Americanos, 58(2), 611–632. https://doi.org/10.3989/aeamer.2001.v58.i2.217
Human Rights Watch. (2025). Legislar para la impunidad: Cómo el Congreso del Perú permite el avance del crimen organizado. https://www.hrw.org/es/report/2025/07/08/legislar-para-la-impunidad/como-el-congreso-del-peru-permite-el-avance-del-crimen
Latinobarómetro. (2024). Informe Latinobarómetro 2024. https://www.latinobarometro.org/documents/latinobarometro-informe-2024.pdf