La Sala Superior analiza nuevos elementos en la credencial para votar y más
Sesión pública | 6 de mayo de 2026
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A continuación, podrás leer lo más importante de esta sesión:
Nuevos elementos en la credencial
Juicio de la Ciudadanía SUP-JDC-209/2026 Y ACUMULADOS
Magistrada: Mónica Aralí Soto Fregoso
¿Qué pasó?
Silvia Cabello Molina y otras personas, en su calidad de ciudadanas pertenecientes a pueblos originarios, solicitaron que se revocara el acuerdo del INE y se vinculara a la autoridad a llevar a cabo una consulta indígena. El Consejo General del INE determinaba la viabilidad de incorporar nuevos elementos en la credencial, y argumentaba que era una adecuación puramente individual. Las personas actoras señalaron que el catálogo actual del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas es incompleto, e invisibilizando a las comunidades indígenas y afromexicanas. Afirmaron que el acuerdo invisibilizaba a los pueblos originarios, vulnerando su derecho a la identidad.
¿Qué resolvió?
Razonando que no se requería realizar consulta al no ser una intervención que altere la vida comunitaria, y precisando que se incluirá un campo libre en la credencial para capturar el nombre del pueblo si no está en el catálogo.
La Sala Superior confirmó el acuerdo controvertido.
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Revisión de dictámenes de fiscalización
Recurso de Apelación SUP-RAP-53/2026
Magistrada: Mónica Aralí Soto Fregoso
¿Qué pasó?
Movimiento Ciudadano, en su calidad de partido político pretendió la revocación de una multa económica impuesta por el INE.
Medidas y argumentos de la autoridad: El INE identificaba irregularidades en ingresos y gastos de 2024, e imponía una sanción por cuentas pendientes de cobro.
MC alegaba incongruencia en los criterios de la autoridad, y destacando la imposibilidad práctica de cobrar saldos por la destrucción de su expediente judicial.
¿Qué resolvió?
Advirtiendo que la resolución es incongruente, y considerando que el Consejo General omitió justificar los motivos para ignorar los intentos previos de recuperación del dinero, a Sala Superior revocó para efectos la multa que sancionaba económicamente al instituto político. Ordenó a la autoridad responsable que emita una nueva conclusión a partir de lo investigado, y otorgando garantía de audiencia al partido para que se defienda.
Adscripciones en el Poder Judicial de la Federación
Juicio de la Ciudadanía SUP-JDC-2440/2025 Y ACUMULADO
Magistrada: Claudia Valle Aguilasocho
¿Qué pasó?
Mariana Vieyra Valdés, en su calidad de jueza electa, impugnó su adscripción geográfica y material en materia penal. La controversia surgió luego de que el Órgano de Administración Judicial determinara asignarla a un distrito distinto al que había competido y, además, lejos de su lugar de residencia.
La promovente argumentó que dicha determinación no tomó en cuenta diversos factores relevantes para el desempeño de sus funciones. Entre ellos, señaló su falta de experiencia en el sistema penal acusatorio y sostuvo que la autoridad omitió valorar sus condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, expuso que la adscripción afectaba directamente su red de apoyo familiar, lo que repercutía en sus labores de cuidado materno y en su periodo de lactancia.
¿Qué resolvio?
Al analizar el caso, la ponencia consideró que el lugar de adscripción no forma parte del derecho político-electoral de ser votada. También precisó que la convocatoria correspondiente a la materia penal no contemplaba subespecialidades, por lo que la asignación realizada por la autoridad se encontraba dentro de sus facultades. En consecuencia, la Sala Superior confirmó la adscripción controvertida. No obstante, señaló que las condiciones de vulnerabilidad expuestas por la actora podrían ser consideradas en futuras determinaciones administrativas, aunque ello no generó efectos vinculantes dentro de esta sentencia.