Estrategias anticipadas e ilegales: Los procesos internos de coordinación de los partidos políticos mexicanos rumbo a 2027
El incumplimiento de los tiempos legales inunda a la ciudadanía con propaganda ilegal y deja al descubierto las fracturas de los partidos políticos.
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A pocos meses del inicio formal del proceso electoral 2026-2027, que comenzará en septiembre y renovará 17 gubernaturas –así como 500 diputaciones federales, 1,088 locales, 1,802 presidencias municipales y 16 alcaldías de la Ciudad de México–, los partidos políticos han comenzado a desplegar mecanismos para posicionar perfiles y definir sus candidaturas a través de un proceso selección de coordinaciones que evade la ley electoral. Consiste, básicamente, en un adelantamiento de los calendarios legales mediante asambleas organizativas y nombramientos de coordinaciones de territorio; esta dinámica la han adoptado las dirigencias de la mayoría de los partidos nacionales ante la laxitud interpretativa de las normas de fiscalización y el control del elemento subjetivo en los actos anticipados de campaña.
Esta no es una práctica nueva: desde que la hegemonía priísta contenía las dinámicas bajo las cuales las contiendas se desplegaban, se han perpetuado una serie de prácticas encaminadas a hacer de la ley un mero símbolo que guarda las apariencias de una correlación de fuerzas regida por el principio de la equidad en la contienda. Visto hacia atrás, a estas alturas de la antesala de la elección de 2024 (específicamente durante el verano de 2023), Morena y sus aliados ya habían acelerado su calendario al arrancar formalmente las giras nacionales de sus “corcholatas”. Hoy, el adelantamiento de las precampañas está atomizado en 17 dinámicas estatales paralelas para la renovación de gubernaturas, sumado a los adelantamientos legislativos y municipales en todo el país.
La maquinaria oficialista
El modelo hegemónico de temporalidad del proceso electoral comenzó a tener modificaciones informales, pero contundentes, a partir del proceso electoral concurrente de 2020-2021, cuando el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena designó a 15 delegados/as estatales para coordinar los trabajos en las entidades federativas donde se renovarían las gubernaturas.
Con estos antecedentes, hace unos meses (en sesión celebrada el 7 de marzo de 2026), su Consejo Nacional aprobó el calendario y el procedimiento para designar las Coordinaciones de Defensa de la Transformación. El mecanismo contempla una convocatoria emitida por el CEN, el registro de aspirantes –que se programó del 22 al 27 de junio para los bloques estatales–, filtros previos en caso de existir un número elevado de participantes y una evaluación mediante encuestas de reconocimiento, aceptación y atributos políticos diseñadas para medir a un máximo de seis perfiles por entidad. Finalmente, retomó que la persona mejor posicionada será designada como coordinadora o coordinador.
El calendario aprobado previó el registro de aspirantes a coordinaciones estatales el 22 de junio en las 17 entidades que renovarán gubernatura (proceso que ha finalizado con 277 aspirantes registrados, de los cuales 113 son de Morena y 164 de aliados); las coordinaciones distritales federales el 3 de agosto; las coordinaciones municipales el 21 de septiembre; y las coordinaciones distritales locales el 8 de noviembre. Así, Morena y sus aliados consolidaron definitivamente el modelo de selección interna anticipada al mismo tiempo que aseguraron el control de los procesos de sucesión local.
Paralelamente, Morena estableció diversas restricciones para las personas aspirantes con sus siglas, entre ellas la prohibición de promocionar su imagen mediante anuncios espectaculares, realizar actos anticipados de campaña, utilizar recursos públicos, entregar dádivas, organizar eventos masivos u ostentosos, simular pertenencia a grupos vulnerables con fines electorales o difundir información falsa sobre otras personas participantes y sobre el propio proceso interno.
La directriz fundamental es que dicho partido exigió la separación obligatoria e indefinida de los cargos públicos de las y los aspirantes interesados en registrarse para las encuestas internas, con el objetivo de evitar cuestionamientos directos sobre el uso de recursos públicos. Esta restricción provocó una desbandada de solicitudes de licencia presentadas por diputaciones y senadurías oficialistas, de figuras como Félix Salgado Macedonio, Lorenia Valles o Graciela Domínguez, quienes aspiran gobernar a los estados de Guerrero, Sonora o Sinaloa, respectivamente. A esta inercia de licencias y pausas se han sumado Ana Lilia Rivera, Andrea Chávez, Tatiana Clouthier, Waldo Fernández, entre otros.
La influencia de este esquema se observa también en los partidos aliados. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) anunciaron que presentarán perfiles propios para participar en las encuestas que eventualmente definan las candidaturas de la coalición oficialista, lo cual garantiza al menos un espacio para cada una de estas fuerzas. Mientras Morena impuso prohibiciones desde los estatutos, el PVEM adoptó una postura más flexible, permitiendo a sus cuadros participar en los registros sin abandonar sus actuales funciones gubernamentales o de representación en el legislativo.
Los partidos de la alianza podrán tener autonomía para revisar y seleccionar perfiles, pero las diferencias entre los mecanismos utilizados por cada partido tienen pendiendo de un hilo la coalición gobernante encabezada por Morena en San Luis Potosí, donde el Verde es gobierno, dadas las restricciones aplicadas por Morena que vetan la postulación de personas con sentencias por violencia de género, deudores alimentarios y familiares directos de los políticos en funciones.
Sin embargo, el veto al nepotismo, por ejemplo, fue sorteado cuando Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora de Campeche, utilizó la cuota del PT para registrarse bajo dichas siglas; lo mismo en Baja California Sur con hijos de exgobernadores como Manuel Cota Cárdenas (PVEM) y Cristian Agúndez (PT). Igualmente, el rigor de exigir la separación del cargo terminó flaqueando con perfiles como la senadora Nora Ruvalcaba, quien acudió a su registro sin tener su licencia formalmente aprobada argumentando que será la Comisión de Elecciones quien determinará su idoneidad.
El espejo de la oposición
Por su parte, los partidos de oposición comenzaron a adoptar mecanismos parecidos. Resulta ilustrativo el caso del PRI, cuyo dirigente nacional, Alejandro Moreno, anunció el despliegue de más de ocho mil ‘Defensores de México’: 6,432 para las elecciones municipales, 1,547 para los 300 distritos federales y 50 para las entidades que renovarán gubernatura –nombramientos que iniciaron progresivamente desde marzo–. La decisión llegó pocos días después de que el propio partido señalara que denunciaría a Morena por presuntos actos anticipados de campaña relacionados con las coordinaciones.
Por otro lado, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, confirmó recientemente la creación de los ‘coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad’, asegurando que los registros se harían a través de una aplicación. Aquí llaman la atención casos como el de Iván Garza, quien coordinaba estas estructuras de organización partidista en Nuevo León al tiempo que manifestaba abiertamente su interés por competir por la alcaldía de Monterrey, en un claro intento por adelantar los tiempos electorales.
En el caso de Movimiento Ciudadano, la estrategia ha tomado una forma distinta. Su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, presentó el consejo consultivo ‘Pensando en México’, concebido como un espacio para la elaboración de propuestas y la construcción de una agenda legislativa. Al mismo tiempo, el partido ha comenzado a proyectar perfiles con potencial para futuras contiendas nacionales, entre ellos Luis Donaldo Colosio Riojas, Samuel García, Verónica Delgadillo y Biby Karen Rabelo de la Torre.
Implicaciones y costos políticos
