La democracia liberal es, aún hoy, el mecanismo por el cual diferentes actores acceden al poder. Por eso, la democracia exige al país que la implementa, revisarse constantemente, identificar sus falencias y trabajar en pro de mejorarlas. Sin embargo, cuando un país debate sobre su sistema electoral, se suelen escuchar propuestas de rediseño institucional o –las más populares– de disminución de costos que soslayan las necesidades reales de su aparato político-electoral. México no es la excepción.
Así, existe una dimensión que atraviesa silenciosamente estos discursos y que pone en vilo la supervivencia de la integridad democrática: el dinero ilícito como motor de la violencia y como herramienta para la consolidación de regímenes de gobernanza criminal. A pesar de su prevalencia, este es un tema que continúa gravemente ausente en las agendas legislativas.
Los últimos procesos electorales en México han estado acompañados de un incremento sostenido de casos de violencia contra aspirantes, precandidaturas y candidaturas. Diversos informes han advertido que la violencia electoral es un fenómeno que no solo busca neutralizar o castigar a determinadas candidaturas, sino alterar la competencia política y moldear los resultados de una elección a través de disputas por el control territorial, gestión de recursos públicos e influencia sobre decisiones de gobierno.
En este sentido, las elecciones se convierten en un momento crítico de vulnerabilidad frente a actores criminales que pueden financiar campañas, intimidar candidaturas o capturar gobiernos locales completos con el fin de actuar como un elemento paralelo y complementario a la autoridad del Estado. Este proceso genera un ciclo de captura política donde el éxito electoral, apoyado por recursos ilícitos, garantiza el acceso a recursos estatales, lo que a su vez permite la reproducción de economías ilícitas y la perpetuación de patrones que benefician y hacen fracasar a determinados partidos y candidaturas en las urnas. Ya en el poder, los ataques contra funcionarios de áreas clave en el manejo de recursos del Estado también abren la puerta al desvío sistemático de recursos públicos hacia los mismos grupos criminales.
Ante ello –y debido a las iniciativas de reforma electoral recientes–, diversos legisladores han puesto el dedo en la llaga del dinero ilícito de los partidos proveniente de grupos delictivos, pues han considerado que la reducción al financiamiento público puede llevarlos u orillarlos a aceptar dinero proveniente del crimen organizado o del lavado de dinero. Otros grupos parlamentarios, en cambio, han afirmado que se necesitan mecanismos rigurosos de detección y sanción por dinero ilícito. Dentro de esas sanciones se pueden incluir la nulidad de elecciones y/o pérdida de registro e investigación penal para partidos, candidaturas y dirigencias ante evidencia de financiamiento de fuentes ilegales o vínculos con el crimen organizado.
Aunque no se puede saber con certeza cuánto dinero circula bajo esta dinámica, tan solo en las elecciones de 2018 Integralia Consultores y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad estimaron que, por cada peso gastado en campaña por una candidatura a gobernación, hay 15 pesos que no se fiscalizan, lo que equivale a un 1,400%+ que no se declara y que se gasta “en lo oscurito”.
Aunado a ello, en 2024 en el Laboratorio Electoral reportamos que casi el 40% de las sanciones de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) tenían que ver con gastos no reportados. Esta masa de recursos fluye a través de fondos de sobornos o slush funds, que se utilizan para actividades que, por su naturaleza, no pueden ser reportadas, como la compra de votos, el pago a operadores políticos territoriales y la contratación de servicios de intimidación.
Estas cifras permiten dimensionar la magnitud del problema de la competencia política atravesada no ya por la libre elección de la ciudadanía sobre quiénes serán sus representantes, sino de cómo se obtendrán los recursos para llevar a cabo una campaña bien publicitada y pagada –o cobrada– una vez que rinda frutos (una campaña que no culmina con la victoria de la candidatura no necesariamente es una campaña fracasada).
Bajo esta lógica, el financiamiento ilícito altera las condiciones de competencia electoral, pero también reconfigura todas las relaciones de poder que se establecen entre actores políticos, económicos y criminales durante los procesos electorales, condicionando en buena medida cómo se despliega la violencia entre ellos.
Consideramos que la violencia electoral no solo se manifiesta en forma de terror y sangre, sino también en el camino complejísimo que sigue el dinero sucio para insertarse en el funcionamiento ordinario de un partido o en la campaña de una candidatura. En ella se observa la potencia amenazadora de un ataque o de un evento violento que no necesariamente se materializa, pero cuya sola posibilidad opera como mecanismo de presión. Esa potencia se intercambia, pues se transforma en una forma de negociación en la que la amenaza latente se ofrece como moneda de cambio por beneficios concretos bajo una lógica de plata o plomo: “si me otorgas contratos de obras, accesos clandestinos a canales con el Estado y el sector privado, u otros beneficios, contengo la violencia”.
Lo que hubiera hecho la reforma constitucional
La última iniciativa de reforma electoral planteaba un fortalecimiento en la coordinación de autoridades de seguridad pública, justicia e inteligencia financiera con el INE para la vigilancia en el registro de candidaturas y fiscalización de aportaciones a partidos políticos, y que las operaciones financieras de todos los partidos debían ser reportadas o avisadas cotidianamente por instituciones financieras al INE.
Sin embargo, el problema no se hubiera agotado ahí y hubiera exigido medidas adicionales; en primer lugar, porque asumía mecanismos más rigurosos para la fiscalización de los partidos políticos, pero también contemplaba la reducción de prerrogativas, un esquema parecido al que se aplica a la autoridad electoral, para la cual se reduce el presupuesto, pero se exige una mayor optimización y eficiencia en el uso de recursos.
En segundo lugar, porque esto no es solo responsabilidad directa de partidos y candidaturas, sino también de las instituciones que lo han posibilitado…
