El diablo está en el dinero ilegal
Existe una dimensión que pone en vilo la supervivencia de la democracia: el dinero ilícito como motor de la violencia.
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La democracia liberal es, aún hoy, el mecanismo por el cual diferentes actores acceden al poder. Por eso, la democracia exige al país que la implementa, revisarse constantemente, identificar sus falencias y trabajar en pro de mejorarlas. Sin embargo, cuando un país debate sobre su sistema electoral, se suelen escuchar propuestas de rediseño institucional o –las más populares– de disminución de costos que soslayan las necesidades reales de su aparato político-electoral. México no es la excepción.
Así, existe una dimensión que atraviesa silenciosamente estos discursos y que pone en vilo la supervivencia de la integridad democrática: el dinero ilícito como motor de la violencia y como herramienta para la consolidación de regímenes de gobernanza criminal. A pesar de su prevalencia, este es un tema que continúa gravemente ausente en las agendas legislativas.
Los últimos procesos electorales en México han estado acompañados de un incremento sostenido de casos de violencia contra aspirantes, precandidaturas y candidaturas. Diversos informes han advertido que la violencia electoral es un fenómeno que no solo busca neutralizar o castigar a determinadas candidaturas, sino alterar la competencia política y moldear los resultados de una elección a través de disputas por el control territorial, gestión de recursos públicos e influencia sobre decisiones de gobierno.
En este sentido, las elecciones se convierten en un momento crítico de vulnerabilidad frente a actores criminales que pueden financiar campañas, intimidar candidaturas o capturar gobiernos locales completos con el fin de actuar como un elemento paralelo y complementario a la autoridad del Estado. Este proceso genera un ciclo de captura política donde el éxito electoral, apoyado por recursos ilícitos, garantiza el acceso a recursos estatales, lo que a su vez permite la reproducción de economías ilícitas y la perpetuación de patrones que benefician y hacen fracasar a determinados partidos y candidaturas en las urnas. Ya en el poder, los ataques contra funcionarios de áreas clave en el manejo de recursos del Estado también abren la puerta al desvío sistemático de recursos públicos hacia los mismos grupos criminales.
Ante ello –y debido a las iniciativas de reforma electoral recientes–, diversos legisladores han puesto el dedo en la llaga del dinero ilícito de los partidos proveniente de grupos delictivos, pues han considerado que la reducción al financiamiento público puede llevarlos u orillarlos a aceptar dinero proveniente del crimen organizado o del lavado de dinero. Otros grupos parlamentarios, en cambio, han afirmado que se necesitan mecanismos rigurosos de detección y sanción por dinero ilícito. Dentro de esas sanciones se pueden incluir la nulidad de elecciones y/o pérdida de registro e investigación penal para partidos, candidaturas y dirigencias ante evidencia de financiamiento de fuentes ilegales o vínculos con el crimen organizado.
Aunque no se puede saber con certeza cuánto dinero circula bajo esta dinámica, tan solo en las elecciones de 2018 Integralia Consultores y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad estimaron que, por cada peso gastado en campaña por una candidatura a gobernación, hay 15 pesos que no se fiscalizan, lo que equivale a un 1,400%+ que no se declara y que se gasta “en lo oscurito”.
Aunado a ello, en 2024 en el Laboratorio Electoral reportamos que casi el 40% de las sanciones de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) tenían que ver con gastos no reportados. Esta masa de recursos fluye a través de fondos de sobornos o slush funds, que se utilizan para actividades que, por su naturaleza, no pueden ser reportadas, como la compra de votos, el pago a operadores políticos territoriales y la contratación de servicios de intimidación.
Estas cifras permiten dimensionar la magnitud del problema de la competencia política atravesada no ya por la libre elección de la ciudadanía sobre quiénes serán sus representantes, sino de cómo se obtendrán los recursos para llevar a cabo una campaña bien publicitada y pagada –o cobrada– una vez que rinda frutos (una campaña que no culmina con la victoria de la candidatura no necesariamente es una campaña fracasada).
Bajo esta lógica, el financiamiento ilícito altera las condiciones de competencia electoral, pero también reconfigura todas las relaciones de poder que se establecen entre actores políticos, económicos y criminales durante los procesos electorales, condicionando en buena medida cómo se despliega la violencia entre ellos.
Consideramos que la violencia electoral no solo se manifiesta en forma de terror y sangre, sino también en el camino complejísimo que sigue el dinero sucio para insertarse en el funcionamiento ordinario de un partido o en la campaña de una candidatura. En ella se observa la potencia amenazadora de un ataque o de un evento violento que no necesariamente se materializa, pero cuya sola posibilidad opera como mecanismo de presión. Esa potencia se intercambia, pues se transforma en una forma de negociación en la que la amenaza latente se ofrece como moneda de cambio por beneficios concretos bajo una lógica de plata o plomo: “si me otorgas contratos de obras, accesos clandestinos a canales con el Estado y el sector privado, u otros beneficios, contengo la violencia”.
Lo que hubiera hecho la reforma constitucional
La última iniciativa de reforma electoral planteaba un fortalecimiento en la coordinación de autoridades de seguridad pública, justicia e inteligencia financiera con el INE para la vigilancia en el registro de candidaturas y fiscalización de aportaciones a partidos políticos, y que las operaciones financieras de todos los partidos debían ser reportadas o avisadas cotidianamente por instituciones financieras al INE.
Sin embargo, el problema no se hubiera agotado ahí y hubiera exigido medidas adicionales; en primer lugar, porque asumía mecanismos más rigurosos para la fiscalización de los partidos políticos, pero también contemplaba la reducción de prerrogativas, un esquema parecido al que se aplica a la autoridad electoral, para la cual se reduce el presupuesto, pero se exige una mayor optimización y eficiencia en el uso de recursos.
En segundo lugar, porque esto no es solo responsabilidad directa de partidos y candidaturas, sino también de las instituciones que lo han posibilitado…
El aumento o disminución del financiamiento a partidos no tendría el efecto buscado si no existe una regulación para las reglas informales insertas en los engranajes corruptos que han hecho caminar a la política mexicana, como la venta de candidaturas (especialmente a nivel local en partidos o estructuras municipales y estatales, donde se gestionan los permisos de uso de suelo y construcción, la asignación de contratos, el control de la policía local, gestión de residuos u otros servicios públicos cooptables, y donde las organizaciones criminales buscan apoderarse de las plazas no solo para el tráfico de drogas, sino para diversificar sus ingresos), el abandono, incapacidad o indisposición de los partidos para sostener a sus candidaturas, o las prácticas sistemáticas de la cultura interna de los partidos que no buscan mejorar ni fortalecer sus mecanismos y su democracia interna.
Tampoco habría efectos reales si las sanciones continúan dirigiéndose primordialmente a los partidos, pues, en los hechos, los partidos políticos ya utilizan financiamiento ilícito –tanto de fuentes legales como ilegales– con ahínco, independientemente de sus prerrogativas, debido a que el diseño normativo actual es laxo y las sanciones no operan como un mecanismo disuasivo real: los partidos ya contemplan dentro de sus gastos electorales el pago de multas por incumplir la normativa electoral, y la ley misma permite un rebase del tope de gastos de campaña sin mayores consecuencias a menos que se demuestre que tuvo efectos reales en el resultado de las elecciones.
Al no existir consecuencias penales efectivas o la pérdida automática del registro y la nulidad de la elección ante evidencia de vínculos con el crimen organizado, el sistema mismo (con nombres y apellidos) genera incentivos para ser ignorado. El riesgo de ser multado es bajo comparado con el beneficio de obtener el poder político y el acceso a los recursos del Estado que ello conlleva.
Recordemos que uno de los argumentos utilizados para incrementar el financiamiento público a partidos políticos en 1996 era la prevención de injerencias de grupos de interés y el equilibrio de la equidad en la contienda. En los hechos, esa legislación terminó siendo estéril. Ante esta realidad, las propuestas de reforma electoral suelen ser insuficientes porque ignoran la naturaleza estructural del nexo político-criminal, por lo que sugerir que menos recursos públicos orillarán a los partidos a buscar dinero ilícito puede resultar negligente.
A su vez, pensar que una mayor regulación de las donaciones privadas, propuesta en la iniciativa, por sí sola, podría reducir el flujo de dinero criminal, es ignorar la informalidad de los circuitos financieros en los que operan estos grupos. Los recursos provenientes de actividades delictivas rara vez se presentan como donaciones bancarizadas; circulan en efectivo, a través de empresas fachada o mediante la provisión de bienes y servicios en especie que nunca pasan por la contabilidad oficial de los partidos.
Como ilustran Schmidt et. al (2025), este modelo de financiamiento ha mostrado ser, ante todo, una legislación simbólica, es decir, una ley aprobada como acto performático para satisfacer demandas políticas de corto plazo y calmar la opinión pública, pero sin la intención real de ser cumplida, lo cual también se demuestra en las exigencias al INE para que se haga cargo de una fiscalización y una vigilancia rigurosas de las operaciones financieras cotidianas, que rebasan sus capacidades técnicas y operativas, mientras se le reduce el presupuesto. Las reformas que se limitan al diseño institucional o a la reducción de presupuestos son soluciones superficiales para un problema de captura estructural.
Es imperativo que la fiscalización electoral se dote de una coordinación efectiva y obligatoria entre las autoridades electorales, las fiscalías especializadas, las unidades de inteligencia financiera y los organismos de seguridad pública, para detectar de manera oportuna patrones de gasto inusuales y poder realizar investigaciones de los vínculos criminales de las candidaturas y los partidos.
La agenda legislativa tiene la tarea pendiente de discutir la nulidad de elecciones ante evidencia de financiamiento ilícito o violencia generalizada provocada por grupos delictivos y su alianza con actores que, se supone, operan en la legalidad; la autonomía de los organismos electorales locales, dotándolos de recursos y protección para que puedan ejercer sus funciones de vigilancia en territorios conflictivos; y la digitalización de la política que hace necesaria la regulación del uso de criptomonedas y la publicidad microsegmentada financiada con recursos de procedencia desconocida.
Es así como se demuestra que el problema no radica únicamente en cuánto dinero reciben los partidos, sino en la incapacidad del gobierno para controlar los circuitos informales que sostienen la competencia política. Y es precisamente en ese entramado de incentivos informales, sanciones débiles, flujos opacos de dinero y contextos de violencia donde el problema se recrudece en cada elección.
El diablo seguirá estando en los detalles mientras el dinero ilegal circule silenciosamente en las campañas y la violencia determine quién tiene derecho a gobernar, quién puede competir y bajo qué condiciones se ejerce el poder político. La integridad de nuestros procesos democráticos depende de que se garantice que el poder político emane realmente del sufragio libre y no de la negociación con el crimen organizado. El costo de la simulación es la pérdida definitiva de la autonomía institucional y la degradación del sistema democrático hacia una forma de gobernanza criminal legitimada por las urnas.
Referencias
Schmidt, S., Martínez Cárdenas, T. M. ., & Jimenez Escamilla, N. (2025). ¿Por qué es inviable el financiamiento público a los partidos políticos para limpiar la política del dinero ilegal?. Revista Mexicana De Estudios Electorales, 9(33), 55–100. Recuperado a partir de https://rmee.org.mx/index.php/RMEstudiosElectorales/article/view/477