La democracia liberal es, aún hoy, el mecanismo por el cual diferentes actores acceden al poder. Por eso, la democracia exige al país que la implementa, revisarse constantemente, identificar sus falencias y trabajar en pro de mejorarlas. Sin embargo, cuando un país debate sobre su sistema electoral, se suelen escuchar propuestas de rediseño institucional o –las más populares– de disminución de costos que soslayan las necesidades reales de su aparato político-electoral. México no es la excepción.

Así, existe una dimensión que atraviesa silenciosamente estos discursos y que pone en vilo la supervivencia de la integridad democrática: el dinero ilícito como motor de la violencia y como herramienta para la consolidación de regímenes de gobernanza criminal. A pesar de su prevalencia, este es un tema que continúa gravemente ausente en las agendas legislativas.

Los últimos procesos electorales en México han estado acompañados de un incremento sostenido de casos de violencia contra aspirantes, precandidaturas y candidaturas. Diversos informes han advertido que la violencia electoral es un fenómeno que no solo busca neutralizar o castigar a determinadas candidaturas, sino alterar la competencia política y moldear los resultados de una elección a través de disputas por el control territorial, gestión de recursos públicos e influencia sobre decisiones de gobierno.

En este sentido, las elecciones se convierten en un momento crítico de vulnerabilidad frente a actores criminales que pueden financiar campañas, intimidar candidaturas o capturar gobiernos locales completos con el fin de actuar como un elemento paralelo y complementario a la autoridad del Estado. Este proceso genera un ciclo de captura política donde el éxito electoral, apoyado por recursos ilícitos, garantiza el acceso a recursos estatales, lo que a su vez permite la reproducción de economías ilícitas y la perpetuación de patrones que benefician y hacen fracasar a determinados partidos y candidaturas en las urnas. Ya en el poder, los ataques contra funcionarios de áreas clave en el manejo de recursos del Estado también abren la puerta al desvío sistemático de recursos públicos hacia los mismos grupos criminales.

Ante ello –y debido a las iniciativas de reforma electoral recientes–, diversos legisladores han puesto el dedo en la llaga del dinero ilícito de los partidos proveniente de grupos delictivos, pues han considerado que la reducción al financiamiento público puede llevarlos u orillarlos a aceptar dinero proveniente del crimen organizado o del lavado de dinero. Otros grupos parlamentarios, en cambio, han afirmado que se necesitan mecanismos rigurosos de detección y sanción por dinero ilícito. Dentro de esas sanciones se pueden incluir la nulidad de elecciones y/o pérdida de registro e investigación penal para partidos, candidaturas y dirigencias ante evidencia de financiamiento de fuentes ilegales o vínculos con el crimen organizado.

Aunque no se puede saber con certeza cuánto dinero circula bajo esta dinámica, tan solo en las elecciones de 2018 Integralia Consultores y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad estimaron que, por cada peso gastado en campaña por una candidatura a gobernación, hay 15 pesos que no se fiscalizan, lo que equivale a un 1,400%+ que no se declara y que se gasta “en lo oscurito”.

Aunado a ello, en 2024 en el Laboratorio Electoral reportamos que casi el 40% de las sanciones de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) tenían que ver con gastos no reportados. Esta masa de recursos fluye a través de fondos de sobornos o slush funds, que se utilizan para actividades que, por su naturaleza, no pueden ser reportadas, como la compra de votos, el pago a operadores políticos territoriales y la contratación de servicios de intimidación.

Estas cifras permiten dimensionar la magnitud del problema de la competencia política atravesada no ya por la libre elección de la ciudadanía sobre quiénes serán sus representantes, sino de cómo se obtendrán los recursos para llevar a cabo una campaña bien publicitada y pagada –o cobrada– una vez que rinda frutos (una campaña que no culmina con la victoria de la candidatura no necesariamente es una campaña fracasada).

Bajo esta lógica, el financiamiento ilícito altera las condiciones de competencia electoral, pero también reconfigura todas las relaciones de poder que se establecen entre actores políticos, económicos y criminales durante los procesos electorales, condicionando en buena medida cómo se despliega la violencia entre ellos.

Consideramos que la violencia electoral no solo se manifiesta en forma de terror y sangre, sino también en el camino complejísimo que sigue el dinero sucio para insertarse en el funcionamiento ordinario de un partido o en la campaña de una candidatura. En ella se observa la potencia amenazadora de un ataque o de un evento violento que no necesariamente se materializa, pero cuya sola posibilidad opera como mecanismo de presión. Esa potencia se intercambia, pues se transforma en una forma de negociación en la que la amenaza latente se ofrece como moneda de cambio por beneficios concretos bajo una lógica de plata o plomo: “si me otorgas contratos de obras, accesos clandestinos a canales con el Estado y el sector privado, u otros beneficios, contengo la violencia”.

Lo que hubiera hecho la reforma constitucional

La última iniciativa de reforma electoral planteaba un fortalecimiento en la coordinación de autoridades de seguridad pública, justicia e inteligencia financiera con el INE para la vigilancia en el registro de candidaturas y fiscalización de aportaciones a partidos políticos, y que las operaciones financieras de todos los partidos debían ser reportadas o avisadas cotidianamente por instituciones financieras al INE.

Sin embargo, el problema no se hubiera agotado ahí y hubiera exigido medidas adicionales; en primer lugar, porque asumía mecanismos más rigurosos para la fiscalización de los partidos políticos, pero también contemplaba la reducción de prerrogativas, un esquema parecido al que se aplica a la autoridad electoral, para la cual se reduce el presupuesto, pero se exige una mayor optimización y eficiencia en el uso de recursos.

En segundo lugar, porque esto no es solo responsabilidad directa de partidos y candidaturas, sino también de las instituciones que lo han posibilitado…

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El aumento o disminución del financiamiento a partidos no tendría el efecto buscado si no existe una regulación para las reglas informales insertas en los engranajes corruptos que han hecho caminar a la política mexicana, como la venta de candidaturas (especialmente a nivel local en partidos o estructuras municipales y estatales, donde se gestionan los permisos de uso de suelo y construcción, la asignación de contratos, el control de la policía local, gestión de residuos u otros servicios públicos cooptables, y donde las organizaciones criminales buscan apoderarse de las plazas no solo para el tráfico de drogas, sino para diversificar sus ingresos), el abandono, incapacidad o indisposición de los partidos para sostener a sus candidaturas, o las prácticas sistemáticas de la cultura interna de los partidos que no buscan mejorar ni fortalecer sus mecanismos y su democracia interna.

Tampoco habría efectos reales si las sanciones continúan dirigiéndose primordialmente a los partidos, pues, en los hechos, los partidos políticos ya utilizan financiamiento ilícito –tanto de fuentes legales como ilegales– con ahínco, independientemente de sus prerrogativas, debido a que el diseño normativo actual es laxo y las sanciones no operan como un mecanismo disuasivo real: los partidos ya contemplan dentro de sus gastos electorales el pago de multas por incumplir la normativa electoral, y la ley misma permite un rebase del tope de gastos de campaña sin mayores consecuencias a menos que se demuestre que tuvo efectos reales en el resultado de las elecciones.

Al no existir consecuencias penales efectivas o la pérdida automática del registro y la nulidad de la elección ante evidencia de vínculos con el crimen organizado, el sistema mismo (con nombres y apellidos) genera incentivos para ser ignorado. El riesgo de ser multado es bajo comparado con el beneficio de obtener el poder político y el acceso a los recursos del Estado que ello conlleva.

Recordemos que uno de los argumentos utilizados para incrementar el financiamiento público a partidos políticos en 1996 era la prevención de injerencias de grupos de interés y el equilibrio de la equidad en la contienda. En los hechos, esa legislación terminó siendo estéril. Ante esta realidad, las propuestas de reforma electoral suelen ser insuficientes porque ignoran la naturaleza estructural del nexo político-criminal, por lo que sugerir que menos recursos públicos orillarán a los partidos a buscar dinero ilícito puede resultar negligente.

A su vez, pensar que una mayor regulación de las donaciones privadas, propuesta en la iniciativa, por sí sola, podría reducir el flujo de dinero criminal, es ignorar la informalidad de los circuitos financieros en los que operan estos grupos. Los recursos provenientes de actividades delictivas rara vez se presentan como donaciones bancarizadas; circulan en efectivo, a través de empresas fachada o mediante la provisión de bienes y servicios en especie que nunca pasan por la contabilidad oficial de los partidos.

Como ilustran Schmidt et. al (2025), este modelo de financiamiento ha mostrado ser, ante todo, una legislación simbólica, es decir, una ley aprobada como acto performático para satisfacer demandas políticas de corto plazo y calmar la opinión pública, pero sin la intención real de ser cumplida, lo cual también se demuestra en las exigencias al INE para que se haga cargo de una fiscalización y una vigilancia rigurosas de las operaciones financieras cotidianas, que rebasan sus capacidades técnicas y operativas, mientras se le reduce el presupuesto. Las reformas que se limitan al diseño institucional o a la reducción de presupuestos son soluciones superficiales para un problema de captura estructural.

Es imperativo que la fiscalización electoral se dote de una coordinación efectiva y obligatoria entre las autoridades electorales, las fiscalías especializadas, las unidades de inteligencia financiera y los organismos de seguridad pública, para detectar de manera oportuna patrones de gasto inusuales y poder realizar investigaciones de los vínculos criminales de las candidaturas y los partidos.

La agenda legislativa tiene la tarea pendiente de discutir la nulidad de elecciones ante evidencia de financiamiento ilícito o violencia generalizada provocada por grupos delictivos y su alianza con actores que, se supone, operan en la legalidad; la autonomía de los organismos electorales locales, dotándolos de recursos y protección para que puedan ejercer sus funciones de vigilancia en territorios conflictivos; y la digitalización de la política que hace necesaria la regulación del uso de criptomonedas y la publicidad microsegmentada financiada con recursos de procedencia desconocida.

Es así como se demuestra que el problema no radica únicamente en cuánto dinero reciben los partidos, sino en la incapacidad del gobierno para controlar los circuitos informales que sostienen la competencia política. Y es precisamente en ese entramado de incentivos informales, sanciones débiles, flujos opacos de dinero y contextos de violencia donde el problema se recrudece en cada elección.

El diablo seguirá estando en los detalles mientras el dinero ilegal circule silenciosamente en las campañas y la violencia determine quién tiene derecho a gobernar, quién puede competir y bajo qué condiciones se ejerce el poder político. La integridad de nuestros procesos democráticos depende de que se garantice que el poder político emane realmente del sufragio libre y no de la negociación con el crimen organizado. El costo de la simulación es la pérdida definitiva de la autonomía institucional y la degradación del sistema democrático hacia una forma de gobernanza criminal legitimada por las urnas.

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Referencias

Schmidt, S., Martínez Cárdenas, T. M. ., & Jimenez Escamilla, N. (2025). ¿Por qué es inviable el financiamiento público a los partidos políticos para limpiar la política del dinero ilegal?. Revista Mexicana De Estudios Electorales, 9(33), 55–100. Recuperado a partir de https://rmee.org.mx/index.php/RMEstudiosElectorales/article/view/477

En nuestro país predomina un sistema electoral mixto, predominantemente mayoritario, que busca mediar entre dos principios: la gobernabilidad que proporcionan las diputaciones que se eligen por mayoría en cada uno de los 300 distritos, y la pluralidad política garantizada por 200 diputaciones de representación proporcional. Estos últimos, tuvieron su génesis en los “diputados de partido” que propuso la reforma político-electoral de 1977 como una válvula de escape necesaria para un sistema de partido hegemónico. En 1986 se amplió de 100 a 200 diputaciones por este principio, para tener una Cámara de 500 integrantes.

Esta proporción (60% MR - 40% RP) permitió, tras una compleja evolución de todo el sistema, que ningún partido obtuviera por sí mismo la mayoría calificada que se requiere para reformar la Constitución, lo que obligó en buena medida a la construcción de consensos. Es a partir de 2021, y sobre todo en la elección de 2024, donde la contención de la sobrerrepresentación se disolvió por tecnicismos legales, generando un debate jurídico y político sobre la figura de las diputaciones plurinominales, hasta la reciente propuesta de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral de reducir a 100 diputaciones RP la integración de la Cámara a partir de la siguiente legislatura.

Hacemos un ejercicio de ingeniería electoral realizando un escenario simulado de un Cámara de Diputados, utilizando los resultados de las elecciones inmediatas anteriores, aplicando las reglas constitucionales vigentes: solo los partidos que obtienen el 3% de la votación válida emitida tienen derecho a la asignación y ningún partido político puede tener un porcentaje de curules total, que exceda en 8 puntos porcentuales a su porcentaje de votación, valorando la posibilidad de que ese porcentaje se ajuste ya que ante ese nuevo escenario, la cámara modificaría su proporción a 75% MR – 25% RP. De igual manera, se parte del supuesto de los resultados de las diputaciones uninominales, asumiendo que se mantienen las 5 circunscripciones, repartiendo 20 diputaciones en cada una, en lugar de las 40 actuales.

En 2021, en la elección intermedia de la administración lopezobradorista, Morena y aliados obtuvieron la mayoría de los distritos uninominales; no obstante, la oposición obtuvo una votación alta, lo que les dio una cantidad considerable de plurinominales que les permitió equilibrar la balanza.

En el escenario real 2021, PT y PVEM obtienen una representación muy superior a su votación, principalmente por la estrategia de coalición parcial donde Morena cedió distritos ganadores a sus aliados en el convenio de coalición, distritos que de otra manera no hubieran obtenido por sí mismos. Aunque legal, la medida fue criticada en su momento por distorsionar la voluntad popular ya que, si Morena se hubiera asignado esos triunfos, se le habría aplicado el tope de sobrerrepresentación.

En el ejercicio de simulación, al reducir la proporción, el peso de los distritos de MR aumenta. Si se aprecia como bloque (Morena-PT-PVEM) habría pasado del 55.60% al 57.75% y MC sería el partido político más castigado, al tener el voto disperso entre las diversas circunscripciones y pocos distritos ganados, pierde casi un punto porcentual, viendo reducida evidentemente su bancada. Esto demuestra que, en escenarios de votos dispersos y donde una coalición gana la mayoría de los distritos, la disminución de RP produce el efecto compensatorio que impulsa a partidos como MC o el PRI para tener una efectiva proporcionalidad de votos y representación.

En el escenario de la elección presidencial 2024 y tras la aplanadora que representó la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, se obtuvieron mayores triunfos distritales para Morena, PT y PVEM. La discusión jurídica se centró en la interpretación de si el límite del 8% de sobrerrepresentación debía aplicarse a la coalición en su conjunto o a cada uno de los partidos políticos en lo individual prevaleciendo este último criterio.

Esta interpretación permitió que entre los partidos que enarbolan la Cuarta Transformación obtuvieran una cantidad histórica de diputaciones de MR tras una transferencia de candidaturas de manera estratégica.

CÁMARA DE DIPUTADOS 2024

La distorsión en la realidad fue más que evidente en el caso de MC, con sus casi 6 millones y medio de votos que representan casi el 11% del total, apenas alcanza 27 diputaciones que representan el 5.4% de la Cámara, mientras que el PT, con la mitad de los votos obtenidos (3 millones 200 mil) obtuvo casi el doble de diputaciones. Los votos de MC nuevamente fueron dispersos, sin alianzas que le valieron ganar un solo distrito de MR, mientras que el PT, potenciando sus votos por su alianza con Morena, gana 38 distritos.

Al aplicar el escenario de simulación de reducir 100 diputaciones RP, se revelan las debilidades estructurales del límite del 8% en una cámara más pequeña. Morena, PVEM y PT no pueden recibir más diputaciones por estar topados al 8%. Las curules sobrantes van a beneficiar de manera marginal al PAN y MC, aunque se encuentran subrepresentados.

En el escenario simulado, los partidos coaligados bajo la 4T suben de 72.8% del control de la Cámara, a un 78.25%, lo que significa casi 4/5 de las diputaciones federales. MC sigue siendo el mejor ejemplo al reducir del 11% de la votación a, apenas, un 3% de representación, lo que significaría que millones de personas votantes por esa opción quedarían sin una adecuada representación. Hablando en términos de “costos”, un voto por MC vale 5 veces menos que un voto por el PT.

Se debe repensar el tope del 8%, ya que aún topados, Morena, PT y PVEM, con sus triunfos uninominales en conjunto, y reducirse el denominador de 500 a 400, su peso específico crece automáticamente. La RP es el único contrapeso aritmético a la aplanadora de la MR. Al reducir el número de diputaciones RP también se reduce ese contrapeso. En un escenario de análisis de ciencia política, la desproporción se da a niveles históricos similares a los del partido hegemónico anteriores a 1988.

Por lo expuesto, la reducción de RP, es regresiva. Tiene como efecto directo castigar a las minorías y premiar a la mayoría que ya ganó los distritos uninominales. De haberse aplicado en 2024, la presencia de la oposición disminuiría del 27% al 21% en la Cámara. MC es el mejor ejemplo para ilustrar la falla del diseño institucional que se pretende, desincentivando una posible tercera opción, modificando el panorama hacia un bipartidismo.

La alternativa, sería una mejor regulación de las coaliciones y la transferencia de triunfos de mayoría, dado que el problema no es el número de plurinominales. Reducir el número erosiona la pluralidad, distorsiona el valor del voto y nos conduce a un sistema de partido hegemónico donde las minorías, a pesar de representar millones de personas, quedan relegadas a una presencia testimonial en la Cámara.

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Los primeros días de este 2026 han demostrado que, este año, el escenario político para América Latina será definitorio para la forma en la que elegimos representantes y, con ello, cómo se ejerce el poder en la región y el mundo. La capacidad de los Estados para sostener su soberanía frente a la influencia social, política y económica de Estados Unidos, así como sus esfuerzos por consolidar instituciones que garanticen gobernabilidad interna, se reflejarán en los resultados de las elecciones presidenciales, legislativas y locales que se celebrarán en ocho países.

Como te contamos anteriormente, en 2025 cinco países de la región votaron a favor del regreso y/o la permanencia en el poder de la derecha. Este año, Brasil y Colombia, únicos en la región –junto con México– que continúan con proyectos identificados con la izquierda, podrían definir en las urnas el devenir del ciclo progresista. Además, Haití y Perú, países donde se han agudizado crisis políticas que no han permitido una definición estable, transparente y legítima de sus autoridades, tendrán elecciones generales para subsanar los vacíos que han generado años de tensiones institucionales. A continuación, haremos un breve análisis de las elecciones de este año en el continente:

Costa Rica será el primer país en realizar elecciones generales, con una primera vuelta presidencial y comicios nacionales que se celebrarán el 1 de febrero para elegir la Presidencia, dos vicepresidencias y 57 diputaciones. En caso de ser necesaria, se realizaría una segunda vuelta el 5 de abril. El presidente actual, Rodrigo Chaves, pertenece al Partido Social Democrático, pero la oposición ocupa casi el 90% de la Asamblea Legislativa, por lo que a lo largo de su mandato tuvo fricciones con ella. Ahora, Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, de orientación derechista y cercana al gobierno de Chaves, se perfila como la candidata favorita en algunas encuestas , con alrededor del 40% de la intención de voto.

En Colombia, se realizarán elecciones legislativas y presidenciales, aunque todas se celebran en momentos diferentes. La primera será la elección legislativa, que se realizará el 8 de marzo, y posteriormente se llevará a cabo la primera vuelta presidencial el 31 de mayo, que podría dar paso a una segunda vuelta el 21 de junio. Las encuestas de intención de voto más recientes navegan entre el oficialista Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, del movimiento conservador Defensores de la Patria, como primer y segundo lugar con márgenes de diferencia reducidos.

Algunas candidaturas presidenciales se definirán el 8 de marzo con consultas interpartidistas. Además, se elegirán 103 senadurías –incluida una asignada a la segunda candidatura presidencial más votada– y 183 curules en la Cámara de Representantes. Actualmente, el Partido Conservador, de centroderecha, es la principal fuerza en el Senado, mientras que el Partido Liberal, de orientación socialdemócrata, lo es en la Cámara de Representantes. No obstante, el Congreso se encuentra fragmentado entre más de 20 partidos, lo que dificulta la conformación de mayorías estables y ha dejado al gobierno sin control de ninguna de las dos cámaras para la aprobación de su agenda legislativa.

Por su parte, pocos días después, el 22 de marzo, Bolivia celebrará elecciones de 9 gubernaturas y 336 autoridades municipales. A pesar de ser comicios subnacionales, resultan importantes al ser los primeros organizados después del triunfo del ahora presidente Rodrigo Paz y el Partido Demócrata Cristiano. El reciente acuerdo entre el gobierno actual y sindicatos para emitir un nuevo decreto frente a la eliminación de los subsidios a los combustibles, la atomización partidista con el registro de 184 organizaciones políticas para la contienda y el rompimiento entre el presidente y el vicepresidente, podrían estar pronosticando una tendencia a la negociación que daría pie al nacimiento de alianzas débiles y efímeras, así como una gobernabilidad propia de una autoridad de transición.

En Perú, las elecciones generales se llevarán a cabo el 12 de abril, con una posible segunda vuelta presidencial el 7 de junio. Se elegirán la Presidencia, dos Vicepresidencias, 15 representantes del Parlamento Andino, 130 diputaciones y 60 senadurías –30 por voto popular y 30 por distritos– en el marco del retorno al sistema bicameral (a su vez, se celebrarán elecciones regionales y municipales para más 13 mil cargos). En el actual Congreso, Fuerza Popular, de extrema derecha, es la principal fuerza con 21 de 130 escaños; en años recientes, este partido ha sido señalado por fraude electoral, sobornos en el Congreso, financiamiento ilícito de campañas y lavado de dinero. No obstante, no se puede señalar solamente a este partido, pues alrededor de 67 congresistas son investigados/as por diversos delitos y acumulan 729 denuncias. A ello se suma el crecimiento de la presencia del crimen organizado en el país, el aumento de los homicidios y la reducción, por parte del Congreso, de las capacidades estatales para combatir la corrupción, factores que han debilitado su democracia y el Estado de derecho.

Para la primera vuelta presidencial, recientes sondeos de intención de voto posicionan en primer lugar a Rafael López Aliaga, del partido conservador Renovación Popular y aliado del gobierno de Donald Trump, seguido de Keiko Fujimori de Fuerza Popular, que busca la presidencia por cuarta ocasión y que ha sido investigada por su vínculo con el caso Odebrecht.

En México, el 7 de junio se llevarán a cabo elecciones locales en Coahuila, donde se renovarán 25 diputaciones locales. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es actualmente la fuerza mayoritaria en dicha entidad, con 10 de los 25 escaños. Esta elección adquiere relevancia no solo porque Coahuila es uno de los últimos bastiones del PRI, sino porque será la primera vez que se vote de manera electrónica en el país como parte de una prueba piloto del voto anticipado por internet, lo que adelanta una intención de implementar este mecanismo a nivel nacional.

Más adelante, Haití deberá celebrar elecciones generales con primera vuelta el 30 de agosto y segunda vuelta el 6 de diciembre. Se disputarán la Presidencia, 30 senadurías y 119 diputaciones, cargos que actualmente se encuentran vacantes debido a la crisis social y política agravada por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021 y la toma de posesión del ex primer ministro Ariel Henry como presidente interino. Debido a ello, la jefatura del Estado es ejercida por un Consejo Presidencial de Transición que deberá disolverse con estas elecciones. La histórica convulsión política de Haití ha devenido en la inconsistencia de la celebración de elecciones, especialmente en la última década, por lo que estos comicios podrían resultar determinantes para la reconstrucción del gobierno y la sociedad haitiana.

En Brasil, las elecciones generales se realizarán el 4 de octubre, con la posibilidad de una segunda vuelta presidencial el 25 de octubre. Se elegirá la Presidencia y Vicepresidencia, 27 de 81 senadurías, 513 diputaciones federales y 1,059 diputaciones estatales. El Partido Liberal, de corriente derechista, es actualmente la principal fuerza tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, con 15 de 81 escaños y 86 de 513, respectivamente. En general, la oposición es mayoría en el Congreso Nacional, por lo cual ha mantenido tensiones con el Poder Ejecutivo, manifestadas en revocaciones de vetos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y reducción de atribuciones de ministerios clave en materia indígena y medioambiental. Para la primera vuelta presidencial, algunas encuestas posicionan en primer lugar al actual presidente, que busca un cuarto mandato, y en segundo lugar al senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro –sentenciado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado–, Flávio Bolsonaro.

Ese mismo 4 de octubre, en Paraguay se llevarán a cabo elecciones de intendencias y juntas municipales. Finalmente, Estados Unidos cerrará el año con elecciones intermedias el 3 de noviembre para renovar 35 de 100 senadurías, las 435 curules de la Cámara de Representantes y 39 de 50 gubernaturas. El Partido Republicano mantiene hoy la mayoría con 27 gubernaturas, 53 senadurías y 218 representantes, aunque encuestas recientes apuntan a que, si las elecciones se llevaran a cabo en estos momentos, el Partido Demócrata ganaría con un margen de diferencia mínimo. Ante ello, el presidente Donald Trump ha advertido que una eventual derrota del Partido Republicano podría derivar en un intento de juicio político para destituirlo.

El impacto de Estados Unidos

El papel de Estados Unidos en las elecciones del continente cobra absoluta relevancia debido no solo a su reciente “operativo de extracción” en Venezuela del titular del Ejecutivo y su esposa –y su intervención militar para llevarla a cabo–, sino a las numerosas afirmaciones del presidente (durante sus dos mandatos) de que continuará ejerciendo su fuerza hegemónica e influencia sobre otros países de la región.

Al respecto, vale recordar su injerencia en El Salvador y Ecuador, con la victoria y reelección de Nayib Bukele y Daniel Noboa, respectivamente; en Argentina, con el apoyo a Javier Milei en las elecciones presidenciales y la posibilidad de una reelección en 2027; en Honduras, con la reciente victoria de Nasry Asfura y el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien había sido sentenciado a 45 años de prisión por narcotráfico y que pertenecía al mismo partido del presidente electo; en Panamá, al advertir sobre una posible intervención para “recuperar” el control del Canal de Panamá; y en México, país con el que ha mostrado mayor apertura en la negociación comercial y de seguridad, pero sobre el que continúa reafirmando intenciones de desplegar fuerza militar para combatir al narcotráfico.

En suma, este panorama obliga a repensar críticamente y defender el destino de la democracia liberal, que puede empezar a ser distorsionada para derivar en un esquema en el que se legitimen casi sin reservas las decisiones de los Estados con mayor hegemonía política, militar y económica. La tolerada, asumida y progresiva erosión del derecho internacional debilita la soberanía en América Latina y abre un escenario en el que la misma existencia de las naciones queda supeditada a su capacidad para defender su autodeterminación o influir en la de otras, y a su disposición de alinearse a las agendas definidas por potencias dominantes. Así, el avance de decisiones guiadas por nacionalismos exacerbados reconfigura las reglas del orden internacional, profundizando las tensiones democráticas de la región.

Sin embargo, si bien las preferencias plasmadas en las diversas encuestas marcan, con algunas excepciones, una inclinación por candidaturas conservadoras o de derecha, serán el voto indeciso, las decisiones que tomen los gobiernos en turno, la influencia de otros países en la política y elecciones de la región y, por supuesto, el tiempo, los que podrían definir los resultados finales para este año.

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En 2025, nueve países en Latinoamérica acudieron a las urnas para renovar cargos presidenciales, legislativos y locales. El regreso y la permanencia de la derecha en varios de ellos refleja, por un lado, la percepción de la ciudadanía sobre la capacidad de sus Estados para sostener democracias sólidas y, por otro, su necesidad de opciones confiables y cambios sociales reales. En esta radiografía, repasamos los resultados de dichas elecciones para, con ello, comprender cómo quedó configurado el nuevo mapa latinoamericano al cierre de este año.

Elecciones generales

En 2025, se realizaron elecciones presidenciales y legislativas en Bolivia, Chile, Ecuador y Honduras. Los resultados en estos países reflejan la presencia creciente de fuerzas de derecha, aunque con importantes contrapesos para los Ejecutivos y dinámicas de correlación de fuerzas que navegan entre congresos fragmentados que negocian nuevas alianzas en su búsqueda de gobernabilidad, estabilidad o apertura democrática, y mayorías que podrían ampliar o limitar el margen de acción de sus gobiernos.

Bolivia celebró una segunda vuelta presidencial por primera vez en su historia, resultando ganador Rodrigo Paz –Partido Demócrata Cristiano (PDC)– con el 54.9% de votos. Ello marcó el cierre del periodo hegemónico del partido Movimiento al Socialismo (MAS), que solamente alcanzó el 3% en la primera vuelta, después de casi dos décadas en el poder. Debido a su efecto arrastre, al PDC le corresponden 16 de 36 senadurías y 49 de 130 diputaciones. Aunque esto deja a Paz con la mayoría en la Asamblea Legislativa y un mayor margen de acción para impulsar su proyecto, también le exigirá un trabajo de negociación constante con la oposición. Paz es el primer presidente abiertamente opuesto al socialismo en el país desde 2006, cuando llegó Evo Morales, al que, aunque marginado, no se le puede dar por muerto. El expresidente en la primera vuelta impulsó, sin éxito, el registro de su nuevo partido ‘Evo Pueblo’, y llamó al voto nulo al estar constitucionalmente inhabilitado para contender por un tercer mandato. Al final, el voto nulo terminó alcanzando un 19.8% de la votación, lo cual lo posicionó en tercer lugar sin efectos reales en el resultado final. Pese a ello, es la primera vez desde el retorno de Bolivia a la democracia que llega tan lejos el voto nulo.

Ecuador, por su parte, reeligió a Daniel Noboa –Acción Democrática Nacional (ADN)–con el 55.63% de votos, lo que permitió que ADN retuviera la presidencia, y también la mayoría legislativa en la Asamblea Nacional, donde cuenta con 66 de 151 escaños. Con el impulso de estos resultados, el pasado 16 de noviembre Noboa convocó a un referéndum y una consulta popular donde se planteaba la eliminación del financiamiento público a partidos políticos, la reducción de asambleístas y la eliminación de la prohibición de bases militares extranjeras, además de la elección popular de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución. Sin embargo, el “No” ganó con un promedio de 58.6% en las cuatro preguntas, por lo que el presidente ecuatoriano y los asambleístas de su coalición deberán replantear su estrategia, negociar y apoyarse de otros partidos, coaliciones e instituciones si quieren volver a impulsar estas propuestas.

En Honduras, la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) finalizó con apenas el 57% de actas contabilizadas y arrojó resultados muy cerrados: con una diferencia de tan solo 0.02%, la presidencia la disputan Nasry Asfura –Partido Nacional– (39.91%) y Salvador Nasralla –Partido Liberal– (39.89%), ambos con ideología de derecha. En tercer lugar, y con el 19.1%, se ubica Rixi Moncada, del partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE); esto representa un parteaguas y una aparente derrota para la izquierda hondureña y el proyecto político fundado por Manuel Zelaya tras el golpe de Estado en 2009, que fue retomado por su esposa Xiomara Castro, actual mandataria y la primera mujer en ocupar la Presidencia del país.

En Chile, el ultraderechista José Antonio Kast –Partido Republicano–, exdiputado y tres veces candidato presidencial, en la segunda vuelta superó con el 58.16% de votos a Jeannette Jara –Unidad por Chile–, ex ministra del Trabajo en el gobierno del actual presidente Gabriel Boric. Por su parte, el Congreso quedó dividido en las elecciones parlamentarias: 64 de las 155 diputaciones serán para la coalición Unidad por Chile del presidente Boric; aunque es mayoría, redujo su presencia, pues Cambio por Chile –de tendencia ultraderechista–, ahora cuenta con 42 escaños y representa la segunda fuerza política en la Cámara, seguida de Chile Grande y Unido que tendrá 34 escaños, por lo que la oposición derechista suma así 76 diputaciones.

En el Senado, Unidad por Chile y aliados cuentan con 23 senadurías, Chile Grande y Unido con 18 y Cambio por Chile con 6, lo que eleva a 25 el total de escaños de la oposición derechista en dicha Cámara. Todo lo anterior reafirma la influencia de la derecha en la política y la historia del país, pero es evidente que el contrapeso se mantiene en el Congreso y, por supuesto, en la ciudadanía chilena.

Elecciones legislativas

Por su parte, Argentina renovó 127 de 257 diputaciones y 24 de 72 senadurías. El presidente Milei fue el gran ganador, pues su partido La Libertad Avanza obtuvo 64 escaños en Diputados y 13 en el Senado, con lo que, aunado a la incorporación de legisladores/as de otros partidos a su proyecto, alcanza un total de 94 y 21, respectivamente, dando una sorpresa respecto de las predicciones de los resultados que auguraban su desplome. Cabe señalar que el impulso que recibió de Trump fue clave. Así, el peronismo queda a unas diputaciones de perder la primera minoría.

En Venezuela se llevaron a cabo elecciones legislativas –y regionales– en medio de una crisis política agudizada por la falta de condiciones de equidad, certeza y transparencia en sus resultados electorales, que favorecen ampliamente al partido oficialista y genera serias preocupaciones sobre las opciones reales de la oposición para disputar el poder.

Elecciones locales

Uruguay y Perú realizaron únicamente elecciones subnacionales (este último, además de unas elecciones complementarias, votó en una consulta popular de revocatoria para cuatro distritos). En las elecciones departamentales de Uruguay, el Partido Nacional obtuvo 13 de 19 departamentos, mientras que la coalición oficialista –Frente Amplio– solamente 4.

En Perú, la consulta tuvo como resultado la revocación de 14 autoridades municipales. Debe señalarse que Perú tiene un historial de convulsiones políticas caracterizadas por numerosas presidencias inestables y crisis entre poderes, teniendo un total de ocho presidencias desde 2016, la gran mayoría declarada con “incapacidad moral permanente” por el Congreso. Esto ha exacerbado la crisis institucional del país, lo cual hace indispensable seguir de cerca la evolución de la gobernabilidad peruana de cara a las elecciones generales de 2026.

Para finalizar, consideramos fundamental mencionar el impacto que la presidencia de Estados Unidos ha tenido sobre varios de estos procesos electorales y, de igual forma, sobre la política interna de sus países. Sus declaraciones de apoyo o rechazo hacia ciertas candidaturas suelen influir en la opinión pública y repercutir en ámbitos clave como la economía, el comercio y la política exterior y de seguridad de la región.

Las razones por las cuales América Latina vuelve a inclinarse por fuerzas políticas de derecha pueden ser múltiples, pero la respuesta la encontraremos, fundamentalmente, en el desencanto generalizado de la ciudadanía hacia gran parte de los proyectos políticos de sus Estados –de izquierda o de derecha, progresistas o conservadores–, que han demostrado incapacidad y falta de voluntad política para garantizar democracias justas, transparentes y equitativas.

En el Laboratorio Electoral siempre seguimos de cerca los comicios de toda la región. En 2026, siete países volverán a las urnas, por lo que, una vez más, será un año de definiciones electorales que reportaremos en Infolab y en nuestras redes sociales. Te invitamos a suscribirte y seguirnos para enterarte antes que nadie de información político-electoral que sí sirve.

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