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Multas por aportaciones de entes prohibidos

RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-158/2026.

Magistratura: Felipe de la Mata Pizaña

¿Qué pasó?

La asociación México Tiene Vida impugnó ante el Instituto Nacional Electoral el acuerdo por el que se le impuso una multa por irregularidades detectadas, señalando que la autoridad omitió valorar los estados de cuenta bancaria que acreditaban la capacidad económica, que sancionó incorrectamente una serie de aportaciones en efectivo sin trazabilidad, y que ordenó indebidamente el inicio de un procedimiento sancionador, y buscando que se revoquen las multas impuestas

¿Qué resolvió?

Determinando que la orden de iniciar una investigación no afectaba la esfera de derechos del sujeto, precisando que la autoridad sí acreditó que los recursos provenían de una empresa mercantil, y señalando que la responsable decidió correctamente de manera diferenciada las observaciones, la Sala Superior confirmó la resolución controvertida, manteniendo firme la sanción económica.

Negativa de registro a partido político

JUICIO DE LA CIUDADANÍA SUP-JDC-342/2026

Magistratura: Felipe Alfredo Fuentes Barrera

¿Qué pasó?

La asociación Interacción y Empatía para Todos controvirtió ante el Instituto Nacional Electoral la resolución por la que se declaró la improcedencia de su registro nacional, señalando que la autoridad nunca le informó sobre la falta de los documentos correspondientes, que existió opacidad al no dejarle conocer el proyecto de dictamen, y que hubo falta de claridad en la sesión de aprobación del acto, y buscando que se revoque la improcedencia de su registro.

¿Qué resolvió?

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Reglas estatutarias y afiliación partidista

JUICIO DE LA CIUDADANÍA SUP-JDC-329/2026 Y ACUMULADO

Magistratura: Felipe de la Mata Pizaña

¿Qué pasó?

Militantes y el Partido Revolucionario Institucional controvirtieron ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el acuerdo por el que se aprobó la modificación a los estatutos de Morena, señalando que la inclusión de una aplicación móvil generaba incertidumbre en los consentimientos, que permitir a la Comisión de Elecciones emitir reglamentación vulneraba las facultades del Consejo Nacional y que se extendió indebidamente la duración de los cargos directivos, y buscando que se revoquen las reformas estatutarias.

¿Qué resolvió?

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Análisis de violencia política en redes.

SUP-JDC-323/2026.

Magistratura: Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

¿Qué pasó?

Una candidata a Magistrada impugnó ante el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua la sentencia PES-395/2025, señalando que determinó la inexistencia de violencia política de género y realizó una indebida interpretación al buscar desacreditarla por un vínculo matrimonial, y buscando que se revoque la sentencia.

¿Qué resolvió?

Determinando que la crítica fue por nepotismo, precisando que señalar el estado civil no significa automáticamente discriminación, y advirtiendo que se debió analizar la posible violencia en otras cuentas, la Sala Superior revocó parcialmente la sentencia controvertida, ordenando analizar las publicaciones de las demás cuentas de redes sociales denunciadas.

Invalidez de candidatura no registrada.

SUP-REC-269/2026.

Magistratura: Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

¿Qué pasó?

Una persona impugnó ante la Sala Regional Xalapa la sentencia SX-JDC-188/2026 Y ACUMULADOS, señalando que revocó la resolución local que había invalidado la constancia de mayoría a una candidatura no registrada vulnerando las reglas del proceso electoral, y buscando que se invalide el triunfo de la candidatura no registrada.

¿Qué resolvió?

Señalando que no se valoró el principio democrático ni las reglas previamente establecidas, y precisando que el derecho al voto implica la previsibilidad de las candidaturas a partir de su registro para garantizar equidad, la Sala Superior revocó la sentencia impugnada, dejando sin efectos la orden de entregar la constancia a la candidatura no registrada.

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Multa por gastos sin objeto.

SUP-RAP-100/2026.

Magistratura: Gilberto de Guzmán Bátiz García.

¿Qué pasó?

El Partido del Trabajo impugnó ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral la multa por gastos sin objeto partidista, argumentando que la autoridad realizó una valoración probatoria fragmentada porque los hospedajes coincidían con eventos partidistas, buscando que se revoque la sanción.

¿Qué resolvió?

Determinando que el partido demostró la concurrencia de los hospedajes con actividades partidistas y precisando que los gastos en comida y ropa son naturales en viajes de trabajo, la Sala Superior revocóparcialmente la multa, ordenando dejar sin efectos las sanciones señaladas.

Uso indebido de pauta política.

SUP-PSC-34/2026.

Magistratura: Gilberto de Guzmán Bátiz García.

¿Qué pasó?

Ricardo Benjamín Salinas Pliego denunció ante Morena y Luisa María Alcalde Luján el promocional “CONTRASTE”, señalando que utilizaron indebidamente su imagen para intimidarlo y exponerlo como delincuente, pretendiendo que se acrediten las infracciones de calumnia y uso indebido de la pauta.

¿Qué resolvió?

Precisando que la utilización de la imagen es válida por la proyección pública del actor y aclarando que el mensaje constituye una opinión amparada por la libertad de expresión, la Sala Superior declaró

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Verificación de duplicidad de afiliaciones.

RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-113/2026.

Magistrado: Reyes Rodríguez Mondragón.

¿Qué pasó?

Morena, en su calidad de partido político, controvirtió ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral la determinación sobre duplicidad de registros, señalando que la autoridad vulneró su garantía de audiencia al omitir prevenirle sobre inconsistencias en archivos digitales y al devolver documentación física sin requerimiento previo, y buscando que se revoque el oficio impugnado.

¿Qué resolvió?

Precisando que los archivos digitales presentados constituían imágenes carentes de firma autógrafa que originaban un defecto sustantivo insubsanable, y señalando que la documentación física exhibida no correspondía al requerimiento inicial, la Sala Superior confirmó la determinación controvertida, manteniendo la validez de las afiliaciones a favor de las organizaciones ciudadanas en formación.

Revisión de duplicidad en afiliaciones.

RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-132/2026.

Magistrado: Gilberto de Guzmán Bátiz García.

¿Qué pasó?

Morena, como partido, impugnó ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral el oficio que invalidó diversas manifestaciones ciudadanas, señalando que la autoridad transgredió su garantía de audiencia al omitir requerir aclaraciones sobre constancias físicas y digitales aportadas, y buscando que se revoque el acto impugnado.

¿Qué resolvió?

Señalando que la autoridad inobservó los mecanismos estatutarios de afiliación partidista y determinando que los documentos físicos originales generaban una presunción legítima de voluntad ciudadana, la Sala Superior revocó

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Experiencia directiva en fiscalización electoral

EXPEDIENTE SUP-JG-35/2026.

Magistratura: Gilberto de Guzmán Bátiz García.

¿Qué pasó?

José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan y Arturo Castillo Loza, consejeros electorales, controvirtieron ante la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral el oficio por el que se designó a la persona Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización de dicho instituto, señalando que la persona nombrada incumple con el requisito de contar con experiencia de cinco años en la materia, y buscando que se revoque el nombramiento impugnado.

¿Qué resolvió?

Interpretando de manera funcional y amplia la exigencia de experiencia para valorar el ejercicio de cargos asimilables con alta responsabilidad sobre recursos públicos, precisando que la normatividad carece de parámetros fijos u objetivos para calificar dicho cumplimiento de forma restrictiva, y validando la trayectoria del funcionario en diversas áreas técnicas y de asesoría electoral, la Sala Superior confirmó el nombramiento controvertido, manteniendo la validez de la designación efectuada.

Paridad y reelección en dirigencias partidistas

EXPEDIENTE SUP-JDC-285/2026.

Magistratura: Claudia Valle Aguilasocho.

¿Qué pasó?

María del Rosario Castro Lozano y otras ciudadanas controvirtieron ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el acuerdo que validó las reformas estatutarias del Partido Acción Nacional, señalando que las reglas de alternancia quedan limitadas por la postulación consecutiva de la presidencia en funciones y que se neutraliza una sentencia previa dirigida a garantizar el acceso efectivo de las mujeres al liderazgo partidista, y buscando que se revoque la aprobación de dichas modificaciones.

¿Qué resolvió?

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Certeza electoral en sistemas normativos internos

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN SUP-REC-201/2026 Y ACUMULADOS.

Magistrado: Felipe de la Mata Pizaña

¿Qué pasó?

Angélica Cruz González y otros controvirtieron ante la Sala Regional Xalapa la sentencia que validó la elección municipal de San Martín Itunyoso, Oaxaca, señalando que el proceso careció de integridad y certeza por modificarse de última hora la duración de la votación de tres días a uno sin el quórum necesario en la Asamblea ni respeto a la autodeterminación, y buscando que se revoque dicha resolución.

¿Qué resolvió?

Determinando que cualquier modificación al método de elección indígena debe comunicarse previamente a la población y señalando que reducir la jornada electoral de tres días a uno de último momento vulnera la certeza e inhibe la participación comunitaria, la Sala Superior revocó la sentencia de la Sala Regional Xalapa, confirmando la resolución del tribunal local que invalidó la elección.

Financiamiento público para partidos locales

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN SUP-REC-74/2026 Y ACUMULADOS

Magistrada: Mónica Aralí Soto Fregoso

¿Qué pasó?

El Partido del Trabajo y otros impugnaron ante la Sala Regional Guadalajara la sentencia que confirmó la distribución de financiamiento público de Baja California para el ejercicio 2026, señalando que la aplicación literal de la fórmula beneficia desproporcionadamente al único partido local y vulnera la equidad electoral, y buscando que se revoque dicha determinación.

¿Qué resolvió?

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Criterios sobre uso de programas sociales

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS SUP-CDC-1/2026

Magistrado: Gilberto de Guzmán Bátiz García.

¿Qué pasó?

Un ciudadano con datos protegidos promovió una contradicción de criterios ante la Sala Superior contra una resolución de la Sala Regional Monterrey, señalando que ambas salas se contradecían en los elementos necesarios para determinar el clientelismo electoral por la gestión de programas sociales dado que la Sala Superior sancionaba la entrega con logos partidistas mientras la Sala Monterrey exigía requisitos adicionales, y buscando que se establecieran de manera uniforme las reglas aplicables.

¿Qué resolvió?

Constatando que los precedentes invocados no analizaban un mismo problema jurídico ni partían de circunstancias fácticas equivalentes, observando que los casos se desarrollaron en contextos electorales distintos con elementos específicos de coacción no acreditados en este asunto, concluyendo que el promovente se limitó a señalar una indebida valoración probatoria sin que existiera una discrepancia sobre un mismo punto de derecho, la Sala Superior determinó de forma unánime la inexistencia de la contradicción de criterios, dejando sin cambios las resoluciones previamente emitidas.

Obligaciones de transparencia en partidos políticos

RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-33/2026 Y ACUMULADO

Magistrada: Mónica Aralí Soto Fregoso

¿Qué pasó?

El Partido Revolucionario Institucional y Morena interpusieron un recurso de apelación contra el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para reclamar el acuerdo que validó las tablas de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia de los partidos políticos, señalando que la autoridad excedió sus facultades reglamentarias, duplicó funciones sobre el tabulador de remuneraciones, exigió informes trimestrales ya fiscalizados de forma repetitiva, invadió su vida interna al requerir metas u opiniones de consejos internos e impuso la imposibilidad técnica de reportar gastos de publicidad en radio y televisión, y buscando que se revoque de forma total dicha determinación.

¿Qué resolvió?

Reconociendo la facultad delegada del instituto para validar las obligaciones comunes pero identificando una duplicidad de funciones innecesaria en la publicación de sueldos de directivos, validando la entrega de informes trimestrales de gastos por tener fines de difusión pública distintos a los de fiscalización, coincidiendo en que la legislación no obliga a generar documentos sobre metas y objetivos, constatando la prohibición constitucional de contratar publicidad televisiva que genera una imposibilidad técnica de transparentar esos montos, la Sala Superior revocó parcialmente el acuerdo impugnado por mayoría de votos con el voto en contra del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, ordenando al Consejo General modificar las tablas de obligaciones de transparencia de los partidos políticos en los rubros invalidados.

Difusión extemporánea de informes de gobierno

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR SUP-PSC-29/2026

Magistrada: Claudia Valle Aguilasocho

¿Qué pasó?

Rodolfo Alberto Urbina Sánchez presentó un procedimiento especial sancionador contra Samuel Alejandro García Sepúlveda, diversos funcionarios públicos de Nuevo León y varias televisoras locales, señalando que vulneraron las reglas de difusión de informes de labores por transmitir un segundo evento del cuarto informe de gobierno fuera de los plazos legales, realizaron promoción personalizada, adquirieron indebidamente tiempos en televisión y efectuaron actos anticipados de precampaña y campaña, y buscando que se declaren existentes las infracciones y se sancione a los involucrados.

¿Qué resolvió?

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Acciones afirmativas en Congreso local

 EXPEDIENTE SUP-REC164/2026. 

Magistratura: Felipe de la Mata Pizaña. 

¿Qué pasó? 

Alfonso Benitez Sartillo impugnó ante la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la sentencia que confirmó la resolución sobre la omisión legislativa, señalando que la continua inactividad del Congreso vulneraba los derechos de los pueblos indígenas, y buscando que se revoquen las sentencias.

¿Qué resolvió?

Precisando que el plazo para el cumplimiento de la sentencia se había excedido ampliamente sin que existieran actividades encaminadas a acatarla, la Sala Superior revocó las sentencias, ordenando al Congreso local definir un cronograma para aprobar la reforma y vinculando al OPLE a emitir lineamientos en caso de persistir el incumplimiento.

Lineamientos para candidaturas de representación

EXPEDIENTE SUP-JDC-224/2026. 

Magistratura:Reyes Rodríguez Mondragón. 

¿Qué pasó?

 Willian de Jesús Santos Sáenz Martínez, persona integrante de una comunidad indígena, reclamó ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral la omisión de emitir lineamientos para diputaciones plurinominales, señalando que la falta de un acuerdo vulneraba la paridad y acciones afirmativas y buscando que se dictaran medidas para prevenir la exclusión histórica.

¿Qué resolvió?

Señalando que la obligación de emitir los lineamientos se actualiza hasta el inicio formal del proceso electoral, la Sala Superior determinó la inexistencia de la omisión reclamada, exhortando al Consejo General del INE a emitir lineamientos sobre acciones afirmativas antes del inicio de la precampaña.

 Vulneración al interés superior infantil

 EXPEDIENTE SUP-PSL 4/2026

 Magistratura: Mónica Aralí Soto Fregoso

¿Qué pasó?

 El Partido Acción Nacional denunció a Andrea Chávez Treviño por diversas publicaciones en sus redes sociales, señalando que aparecían menores de edad sin contar con los consentimientos respectivos, y buscando que se acreditara la vulneración al interés superior de la niñez y a las reglas de difusión.

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Procedimientos laborales para personas neurodivergentes 

Recurso de Reconsideración SUP-REC-103/2026

 Magistrado: Felipe de la Mata Pizaña

¿Qué pasó?

Una persona trabajadora del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo nombre fue protegido, promovió un medio de impugnación en el que solicitó la invalidez del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, así como una reparación integral por daño moral. El promovente señaló que vive con trastorno del espectro autista y argumentó que las disposiciones aplicadas en su caso generaban condiciones de desigualdad y obstáculos para acceder a la justicia en condiciones de equidad. El caso derivó de una resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara, la cual revocó una suspensión previamente otorgada y ordenó la reposición del procedimiento disciplinario instaurado en su contra. Frente a ello, el actor sostuvo que haber sido sometido a múltiples intentos de notificación constituía una forma de “tortura administrativa”, debido al impacto emocional y psicológico que ello le ocasionaba.

¿Qué resolvió?

La ponencia advirtió que las autoridades responsables no identificaron adecuadamente las barreras de desventaja que enfrentaba el trabajador derivadas de su condición. En ese sentido, consideró que la ausencia de ajustes razonables dentro del Estatuto del Servicio Profesional Electoral resultaba contraria a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, al no garantizar condiciones adecuadas para el acceso efectivo a la justicia. La Sala Superior determinó revocar la sentencia controvertida que había ordenado la continuación del procedimiento ordinario en contra del promovente.

Además vinculó al Instituto Nacional Electoral (INE) para que repusiera el procedimiento tomando en consideración ajustes clínicos y medidas razonables acordes con la condición del trabajador, con el propósito de garantizar el respeto pleno de sus derechos.

Elecciones concurrentes en 2027 

Juicio de la Ciudadanía SUP-JDC-250/2026 Y ACUMULADO 

Magistrado: Felipe Alfredo Fuentes Barrera 

¿Qué pasó?

El Consejo Nacional de Litigio Estratégico y una ciudadana pidieron la emisión de una acción declarativa sobre la inconstitucionalidad de organizar juntas las elecciones políticas y judiciales de 2027. Señalaron que la prohibición constitucional impide la injerencia partidista en comicios de jueces. Además argumentaro que la supuesta concurrencia futura amenazaba la independencia judicial, vulnerando los principios rectores.

¿Qué resolvió?

Razonando que los demandantes no combaten un acto concreto, y precisando que la acción declarativa no sirve para consultas generales de hechos futuros. La Sala Superior declaró la improcedencia de la acción solicitada.

Procedimiento del registro del PRD en CDMX 

Recurso de Reconsideración SUP-REC-154/2026

 Magistrado: Felipe Alfredo Fuentes Barrera

¿Qué pasó?

Una persona con dato protegido impugnó las actuaciones realizadas por una dirigencia partidista que, según argumentó, no tenía reconocimiento legal. El caso surgió luego de que la Sala Regional Ciudad de México validara el registro local del PRD bajo el principio de “confianza legítima”. La parte actora sostuvo que quienes realizaron el trámite carecían de personería jurídica y recordó que la propia Sala Superior ya había desconocido previamente a dicha dirigencia. En ese sentido, afirmó que la resolución vulneraba la certeza jurídica y contravenía el principio de cosa juzgada.

¿Qué resolvió?

Se advirtió que las personas que presentaron la solicitud de registro carecían de legitimación oficial para actuar en nombre del partido, por lo que consideró improcedente aplicar el principio de confianza legítima en este caso. En consecuencia, la Sala Superior revocó las sentencias que habían validado de manera irregular dicho trámite.

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Nuevos elementos en la credencial 

Juicio de la Ciudadanía SUP-JDC-209/2026 Y ACUMULADOS

Magistrada: Mónica Aralí Soto Fregoso 

¿Qué pasó?

Silvia Cabello Molina y otras personas, en su calidad de ciudadanas pertenecientes a pueblos originarios, solicitaron que se revocara el acuerdo del INE y se vinculara a la autoridad a llevar a cabo una consulta indígena. El Consejo General del INE determinaba la viabilidad de incorporar nuevos elementos en la credencial, y argumentaba que era una adecuación puramente individual. Las personas actoras señalaron que el catálogo actual del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas es incompleto, e invisibilizando a las comunidades indígenas y afromexicanas. Afirmaron que el acuerdo invisibilizaba a los pueblos originarios, vulnerando su derecho a la identidad.

¿Qué resolvió?

 Razonando que no se requería realizar consulta al no ser una intervención que altere la vida comunitaria, y precisando que se incluirá un campo libre en la credencial para capturar el nombre del pueblo si no está en el catálogo.

 La Sala Superior confirmó el acuerdo controvertido.

Revisión de dictámenes de fiscalización 

Recurso de Apelación SUP-RAP-53/2026

Magistrada: Mónica Aralí Soto Fregoso 

¿Qué pasó?

 Movimiento Ciudadano, en su calidad de partido político pretendió la revocación de una multa económica impuesta por el INE.

Medidas y argumentos de la autoridad: El INE identificaba irregularidades en ingresos y gastos de 2024, e imponía una sanción por cuentas pendientes de cobro.

 MC alegaba incongruencia en los criterios de la autoridad, y destacando la imposibilidad práctica de cobrar saldos por la destrucción de su expediente judicial.

¿Qué resolvió?

Advirtiendo que la resolución es incongruente, y considerando que el Consejo General omitió justificar los motivos para ignorar los intentos previos de recuperación del dinero, a Sala Superior revocó para efectos la multa que sancionaba económicamente al instituto político. Ordenó a la autoridad responsable que emita una nueva conclusión a partir de lo investigado, y otorgando garantía de audiencia al partido para que se defienda.

Adscripciones en el Poder Judicial de la Federación 

Juicio de la Ciudadanía SUP-JDC-2440/2025 Y ACUMULADO 

Magistrada: Claudia Valle Aguilasocho

¿Qué pasó?

Mariana Vieyra Valdés, en su calidad de jueza electa, impugnó su adscripción geográfica y material en materia penal. La controversia surgió luego de que el Órgano de Administración Judicial determinara asignarla a un distrito distinto al que había competido y, además, lejos de su lugar de residencia.

La promovente argumentó que dicha determinación no tomó en cuenta diversos factores relevantes para el desempeño de sus funciones. Entre ellos, señaló su falta de experiencia en el sistema penal acusatorio y sostuvo que la autoridad omitió valorar sus condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, expuso que la adscripción afectaba directamente su red de apoyo familiar, lo que repercutía en sus labores de cuidado materno y en su periodo de lactancia.

¿Qué resolvio?

Al analizar el caso, la ponencia consideró que el lugar de adscripción no forma parte del derecho político-electoral de ser votada. También precisó que la convocatoria correspondiente a la materia penal no contemplaba subespecialidades, por lo que la asignación realizada por la autoridad se encontraba dentro de sus facultades. En consecuencia, la Sala Superior confirmó la adscripción controvertida. No obstante, señaló que las condiciones de vulnerabilidad expuestas por la actora podrían ser consideradas en futuras determinaciones administrativas, aunque ello no generó efectos vinculantes dentro de esta sentencia.

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Violencia digital contra candidata a Ministra.

Procedimiento Especial Sancionador SUP-PSC-17/2026.

Magistratura: Felipe Alfredo Fuentes Barrera

¿Qué pasó?

Dora Alicia Martínez Valero se quejó por la difusión de un reportaje de Carmen Aristegui y mensajes en redes sociales, señalando que el uso de un sobrenombre buscaba humillarla, que se reveló información secreta, que se cuestionó su capacidad profesional con una opinión basada en el género y acusando que las publicaciones provocaron violencia digital en su contra, pretendiendo que se declare la existencia de las infracciones.

¿Qué resolvió?

Determinando que el trabajo de los periodistas está protegido por la libertad de expresión al tratar temas de interés público, precisando que el sobrenombre utilizado no contenía un mensaje de odio por ser mujer y aclarando que existió violencia digital por parte de terceros al realizar ataques personales y sexuales que rebasaron el límite de la ley, la Sala Superiorconfirmó que no hubo faltas de los comunicadores pero sí de veinticuatro usuarios de redes sociales, ordenando su registro como personas sancionadas y el borrado de las publicaciones.

Exclusión de personas en padrón electoral.

Recurso de Apelación SUP-RAP-95/2026 Y SUS RELACIONADOS

Magistratura: Felipe de la Mata Pizaña

¿Qué pasó?

Morena reclamó ante las resoluciones de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que ordenaron dar de baja de su lista de militantes a diversas personas, señalando que la autoridad cambió el tema del juicio al no tratarse de un registro sin permiso sino de una duplicidad de afiliados, que la orden de baja no era temporal y constituía un castigo directo sin agotar el proceso y que se decidió el fondo del caso antes de tiempo dejándolo sin defensa, buscando que se anulara la decisión.

¿Qué resolvió?

Determinando que la autoridad no cambió el tema del juicio porque las personas negaron haber dado su permiso para afiliarse, aclarando que, no obstante, la oficina técnica carece de facultades para ordenar bajas de militantes como medida de protección y señalando que dicha orden decidía el final del caso antes de tiempo, la Sala Superior revocó los acuerdos reclamados, dejando sin efectos la orden de exclusión inmediata.

Revisión de pruebas en violencia política.

Recurso de Reconsideración SUP-REC-131/2026

Magistratura: Felipe Alfredo Fuentes Barrera

¿Qué pasó?

Silvia Delgado reclamó ante una sentencia de la Sala Regional Guadalajara que anuló parcialmente una medida dictada por VPMG, señalando que sí se probó la falta y que se le humilló como persona, buscando que se revierta la sentencia.

¿Qué resolvió?

Determinando que no se cumplió el requisito especial para revisar el caso al tratarse solo de temas sobre el valor de las pruebas y aclarando que no existía un problema real de constitucionalidad, la Sala Superior desechó el medio de impugnación de la Sala Regional, ordenando dar aviso a las autoridades locales de Chihuahua para proteger los derechos de la mujer.

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Reelección en dirigencia interna partidista

Recurso de Reconsideración SUP-REC-599/2026 Y ACUMULADOS.

Magistratura: Felipe de la Mata Pizaña

¿Qué pasó?

Israel Betanzos Cortés y otros reclamaron ante la sentencia SCM-JDC-333/2025 de la Sala Regional Ciudad de México por no considerar la reforma interna del PRI que permite la reelección seguida, reclamando una interpretación equivocada de las reglas de igualdad de género y del derecho de autoorganización, acusando que el asunto se decidió como si fuera una queja por falta de cumplimiento y denunciando que se dañó el derecho de los miembros del partido a elegir con libertad a sus jefes, buscando, con ello, que se anule la sentencia de la Sala Regional.

¿Qué resolvió?

Determinando que la regla de la elección seguida puede estar incluida en las normas internas de los partidos, precisando que la autoridad interpretó incorrectamente el derecho de autoorganización pues la elección se realizó bajo normas vigentes, señalando que se pusieron en marcha formas para aumentar la participación de las mujeres al competir en igualdad de condiciones y aclarando que no se dañó el derecho de los integrantes al seguirse los Estatutos nacidos de su propia discusión, la Sala Superior revocó la sentencia reclamada, confirmando la elección interna.

Verificación de doble afiliación partidista

Recurso de Apelación SUP-RAP-106/2026 Y ACUMULADOS

Magistratura: Felipe Alfredo Fuentes Barrera

¿Qué pasó?

La agrupación Que Siga la Democracia y Morena reclamaron un acuerdo del Consejo General por el que se daba respuesta a su consulta sobre afiliaciones dobles, señalando que no hay claridad sobre la forma en que las revisa porque las listas de los partidos pueden cambiarse sin que la persona participe, pidiendo que se tome como prueba la aplicación oficial dejando fuera los sistemas digitales propios del partido y solicitando que se anule la respuesta.

¿Qué resolvió?

Determinando que debe usarse la regla de la afiliación más nueva al ser la que tiene validez, precisando que la autoridad no está obligada a aceptar bases de datos privadas para privilegiar el control oficial que da seguridad y señalando que se contestó a cada una de las peticiones de la asociación, la Sala Superior confirmó la respuesta reclamada, manteniendo los criterios de verificación de afiliación.

Elección y adscripción de jueces

Recurso de Reconsideración SUP-REC-41/2026

Magistratura: Felipe Alfredo Fuentes Barrera

¿Qué pasó?

Mario Daniel Torres Humarra reclamó ante la Sala Regional Monterrey la sentencia SM-JG-1/2026, señalando que dejar que un juez elegido trabaje en un distrito judicial diferente al que lo votó rompe la unión entre los ciudadanos y los jueces, y buscando que se anule la sentencia.

¿Qué resolvió?

Determinando que la demanda es de relevancia por marcar los límites entre los asuntos electorales y la administración de la justicia, precisando que la primera asignación de lugar de trabajo para jueces elegidos sí es un acto electoral y señalando que la autoridad regional resolvió de forma equivocada que estos temas están fuera de la revisión de los tribunales electorales, la Sala Superior revocó la sentencia reclamada, invalidando la asignación impugnada.

Fiscalización de gastos en alimentos.

Recurso de Apelación SUP-RAP-78/2025

Magistratura: Claudia Valle Aguilasocho

¿Qué pasó?

El Partido del Trabajo reclamó contra una resolución del Consejo General sobre sus gastos en despensas argumentando que sí son para fines del partido porque se usan a diario en las oficinas y en juntas de trabajo, buscando que se anulen las multas.

¿Qué resolvió?

Determinando que la comida comprada como frutas y carnes frías son productos de uso común que sirven para necesidades básicas de personas y no de partidos, precisando que se tiene que demostrar el uso de los alimentos en actos del partido para evitar que se entienda como provecho personal y señalando que el actor no demostró cómo se formaron las facturas que debía subir al sistema de fiscalización, la Sala Superior confirmó la multa, manteniendo la sanción económica.

Inclusión de grupos en selección

Juicio de la Ciudadanía SUP-JDC-227/2026

Magistratura: Gilberto de Guzmán Bátiz García

¿Qué pasó?

Óscar Daniel Rodríguez Fuentes impugnó ante el Comité Técnico de Evaluación el acuerdo por el que se publicó la lista de personas aspirantes con mejores calificaciones por su experiencia, señalando que no se obedeció la inclusión de grupos desprotegidos porque solo dos de los grupos de cinco personas tomaron en cuenta las reglas de igualdad y buscando, por ello, que se anule el proceso de elección.

¿Qué resolvió?

Determinando que la queja es irreparable porque el proceso del Comité terminó y no hay forma legal de repetirlo, la Sala Superior desechó el medio de impugnación, ordenando la apertura de un expediente para revisar el posible incumplimiento.

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Revisión de idoneidad en consejerías electorales.

Juicios de la Ciudadanía SUP-JDC-212,216,217/2026.

Magistraturas: Gilberto de Guzmán Bátiz García y Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

¿Qué pasó?

Edén Alonso Martínez Méndez y otros impugnaron ante el Comité Técnico de Evaluación la lista final de las cien personas aspirantes con las calificaciones más altas de la revisión de idoneidad, señalando que tuvieron un puntaje superior a quienes pasaron a la entrevista, que la autoridad no explicó los motivos de la exclusión, que no se fijó una etapa especial para revisar la idoneidad, que la valoración carecía de reglas claras y que una aspirante recibió un trato injusto al haber sido considerada adecuada en una elección previa, buscando que se anule la lista.

¿Qué resolvió?

Determinando que una calificación alta no otorga un mejor derecho, precisando que el Comité Técnico de Evaluación tiene facultades legales para decidir la idoneidad sin importar el puntaje, aclarando que no existía el deber de explicar individualmente los motivos de la elección, señalando que la convocatoria permitió un espacio de decisión técnica y precisando que la idoneidad pasada no obliga a un resultado igual por tratarse de perfiles distintos, la Sala Superior confirmó las listas reclamadas, dejándolas sin cambios.

Revisión de examen en proceso selectivo

Juicio de la Ciudadanía SUP-JDC-214/2026

Magistratura: Reyes Rodríguez Mondragón.

¿Qué pasó?

Yolanda Franco Durán reclamó contra el Comité Técnico de Evaluación el acuerdo que informó la cancelación de registros y la lista final de aspirantes con las calificaciones más altas del examen de conocimientos, señalando que su calificación no se podía revisar y contenía errores, y reclamando que la autoridad no explicó la forma de calificar ni las reglas aplicadas, buscando, con ello, que se anulen las listas.

¿Qué resolvió?

Determinando que la actora no asistió a la revisión de su examen a pesar de haberla solicitado y aclarando que al no cumplir con ese paso obligatorio no podía presentar sus quejas ante el Tribunal Electoral, la Sala Superior confirmó el acuerdo reclamado, manteniéndolo sin cambios.

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Límites a jueces en materia electoral.

Juicio General SUP-JG-14/2026 Y ACUMULADO

Magistrado: Felipe de la Mata Pizaña

¿Qué pasó?

El INE y Morena cuestionaron la orden de un juez civil de la Ciudad de México que le pedía al partido no usar la imagen de Ricardo Salinas Pliego y al INE retirar un anuncio de televisión tras considerar que incurría en calumnia en contra del ciudadano, señalando que dicho juez no contaba con facultades para intervenir en la administración de los espacios de radio y televisión que corresponden exclusivamente a la autoridad electoral.

¿Qué resolvió?

Advirtiendo que la única autoridad que puede dictar medidas sobre los anuncios de los partidos es el INE, considerando que un juez civil no puede suspender la difusión de propaganda electoral incluso bajo el argumento de proteger la imagen de una persona y, recordando que el INE ya había recibido, analizado y desechado una queja al respecto del spot, la Sala Superior determinó que el partido y el instituto no se ven obligados a obedecer las medidas dictadas por el juez civil por invadir facultades que no le corresponden, aclarando no obstante, que no está en discusión la decisión ni sentencia del juez.

Actos anticipados en proceso interno.

Recurso de Revisión SUP-REP-14/2026

Magistrado: Felipe Alfredo Fuentes Barrera

¿Qué pasó?

Movimiento Ciudadano reclamó el rechazo de la queja que presentó ante la Unidad Técnica de lo Contensioso Electoral contra Morena por la aprobación de un calendario para definir coordinaciones territoriales, argumentando que dicho proceso disfrazaba actos anticipados de campaña, señalando un caso similar durante el Proceso Electoral 2023-2024 cuando los Dirigentes de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación fueron posteriormente las candidaturas oficiales, declarando que la autoridad electoral únicamente considero el pronunciamiento de su Consejo Nacional de Morena y, solicitando, por ello, que se retome la investigación.

¿Qué resolvió?

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Corrección de lista de registros aprobados.

Juicio de la Ciudadanía SUP-JDC-171/2026 Y ACUMULADOS

Magistraturas: Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García.

¿Qué pasó?

Eduardo Hugo Ramírez Salazar (y otros aspirantes) cuestionaron la decisión del Comité Técnico de Evaluación de excluirlos de la lista de registros aprobados por una supuesta falta de documentos como títulos o ensayos, asegurando que entregaron la papelería completa conforme a la convocatoria.

¿Qué resolvió?

Considerando que la autoridad se había percatado de su error y confirmando que el Comité Técnico habría corregido su error integrando a las personas a la lista, la Sala Superior dió por resuletas las demandas y las desechó.

Acciones afirmativas en la elección de consejerías electorales.

Juicio de la Ciudadanía SUP-JDC-167/2026

Magistrado: Gilberto de Guzmán Bátiz García

¿Qué pasó?

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Requisito de Nacionalidad Única

Juicio de la Ciudadanía SUP-JDC-142/2026

Magistrado: Felipe de la Mata Pizaña

¿Qué pasó?

Francisco Antonio Rojas Choza se quejó del requisito de nacionalidad única en la convocatoria para la designación de Consejerías Electorales del INE, advirtiendo que dicha restricción implicaba un obstáculo inconstitucional para las personas con doble nacionalidad.

¿Qué resolvió?

Enfatizando que la Constitución reconoce todos los derechos a los ciudadanos mexicanos de sin distinguir entre única y doble nacionalidad y, estableciendo que existen diferentes mecanismos para demostrar el compromiso personal con los valores democráticos del Estado Mexicano, la Sala Superior determinó que la nacionalidad única no es una medida necesaria, permitiendo el registro de las personas con doble nacionalidad.

Exclusión de Candidatos en Elección Judicial

Juicio de la Ciudadanía SUP-JDC-149/2026

Magistrada: Claudia Valle Aguilasocho

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Conversación de WhatsApp como Prueba

Recurso de Reconsideración SUP-REC-52/2026

Magistrado: Felipe de la Mata Pizaña

¿Qué pasó?

María Ema Zermeño López elevó su juicio a la Sala Superior tras la decisión de la Sala Regional de Guadalajara de revocar la Sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Sinaloa, mediante la cual se negó que hubiera existido VPMG contra la diputada local Almendra Negrete, argumentando que la denuncia se origina a partir de la presentación de conversaciones vía WhatsApp, lo cual, violentaba su comunicación privada y libertad de expresión y que por tanto, la Sala Regional no debería haber admitido como prueba dichas conversaciones ni emitido una decisión basándose en conceptos no jurídicos como ‘flaming’, o ‘wollying’. Por otro lado, expone que sus comentarios no afectan los derechos político-electorales de la diputada puesto que nunca cuestionaron sus actividades legislativas, no se criticaba su desempeño, ni buscaban impedirle ejercer su cargo.

¿Qué resolvió?

Reiterando las condiciones para que una conversación de mensajería privada pueda ser contemplada en un juicio -siendo estas 1) garantizar que quién presente la conversación sea parte tanto del juicio como de la conversación; 2)comprobar que la conversación se lleve a cabo en la aplicación a través del número de quien aporta la prueba y 3)procurar que las conversaciones no estén manipuladas y se presenten completas a fin de que se valore el contexto en que se llevó a cabo-, reconociendo que se violó la privacidad de la denunciada, señalando que no se tiene certeza de la del origen de las imágenes y que la conversación fue ofrecida por un tercero no involucrado en el juicio y, concluyendo que, por tanto, Guadalajara emitió un fallo indebido analizando equivocadamente una prueba inválida y, la Sala Superior anuló la decisión de la Sala Regional.

Difusión de Encuestas en Elección Judicial

Recurso de Apelación SUP-RAP-38/2026

Magistrado: Gilberto de Guzmán Bátiz García

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Revocación de Mandato en Oaxaca

Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-8/2026

Magistrada: Felipe de la Mata Pizaña

¿Qué pasó?

Los partidos Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y del Trabajo elevaron una sentencia del tribunal electoral de Oaxaca mediante la cual intentaron demostrar violaciones durante el proceso de revocación de mandato, solicitando se admita el juicio.

¿Qué resolvió?

Recordando que el proceso no alcanzó si quiera el porcentaje mínimo de participación para que su resultado fuera obligatorio, la Sala Superior desechó el Juicio explicando que sus planteamientos no tendrían efecto alguno en el resultado global del proceso.

Invitación a evento conmemorativo gubernamental

Procedimiento Especial Sancionador SUP-PSC-16/2025

Magistrado: Gilberto de Guzmán Bátiz García

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1. Dinámicas institucionales en Tribunales Locales

Juicio de la Ciudadanía SUP-JDC-2517/2025

Magistrado: Reyes Rodríguez Mondragón

¿Qué pasó?

La Magda. Margarita Concepción Espinosa Armengol denunció al Presidente del Tribunal Electoral de Tabasco por violencia política de género afirmando que ha promovido un trato diferenciado entre magistraturas y hostil en su contra, al no convocarla a sesiones públicas, ignorar los sentidos de su votación, y obstaculizar su comunicación institucional con la presidencia.

¿Qué resolvió?

Concluyendo que no existen elementos para acreditar que su votación hubiera sido alterada, negando que su derecho a integrar el pleno se hubiera visto vulnerado al emitir sentencias sin su firma -siendo que la presidencia buscaba no entorpecer las actividades del tribunal- y recalcando que la actora señala desacuerdos a partir de la dinámica institucional más que componentes de género, la Sala Superior determinó que se no existe tal obstrucción del cargo y, por tanto, no se acredita VPMG.

Ministra en acordeones de Elección Judicial

Procedimiento Especial Sancionador SUP-PSC-5/2026

Magistrada: Felipe de la Mata Pizaña

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